Tras el escándalo que marcó la salida de Ginés González García del Gobierno, jueces federales con asiento en Comodoro Py recibieron otras denuncias sobre la aplicación irregular de la vacuna contra el coronavirus a funcionarios, políticos, sindicalistas, periodistas amigos o familiares. Todas fueron remitidas al juzgado de María Eugenia Capuchetti que investiga, junto al fiscal Eduardo Taiano, la denuncia contra el exministro de Salud y Horacio Vervitsky. Los colegas de Capuchetti le envían las causas que reciben al despacho del cuarto piso en torno al caso, casi sin leerlas. La titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7 recibió la primera denuncia formal, realizada por el fiscal Guillermo Marijuán por el vacunatorio VIP que funcionó con personal del Hospital Posadas. Pese a la advertencia que Alberto Fernández hizo a la Justicia por el vacunatorio VIP, fiscales y magistrados de todo el país se muestran decididos a avanzar sobre el tema. En Olavarría el juez federal de Azul Gabriel Di Guilio aceptó la competencia de la causa por la pérdida de 400 dosis de la Sputnik V en el Hospital de Oncología por considerar que los imputados, los directores del hospital y el director de la Región Sanitaria, pudieron haber puesto en riesgo la salud pública. Al mismo tiempo, la justicia bonaerense investiga un vacunatorio VIP en San Nicolás, distrito del interior de la Provincia de donde son oriundos González García y su sobrino Lisando Bonelli, quien era su jefe de gabinete en el Ministerio y que también fue vacunado por fuera de protocolo. En Córdoba, la Justicia Federal analiza la denuncia que hicieron el diputado Luis Juez y el senador Ernesto Martínez sobre la existencia de un vacunatorio VIP en esa provincia. Aseguran que existe un listado de funcionarios y amigos que habrían sido inmunizados por fuera del protocolo. Los magistrados no sólo consideran la tipificación sino también el hecho de que la vacuna es un bien que fue adquirido con fondos federales y, de probarse alguna injerencia, la calidad de agentes naturales del Gobierno federal de los gobernadores. El juez federal Ariel Lijo ordenó un allanamiento al Ministerio de Salud porteño tras la denuncia contra Horacio Rodríguez Larreta y Fernán Quirós por la distribución de las vacunas a centros privados y prepagas, luego de que el fiscal Carlos Stornelli los imputara por la presunta “privatización” de las dosis, en el marco del plan de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires. Lijo también libró un oficio al Ministerio de Salud de Nación para que informe cuántas dosis se entregaron a CABA. Los investigadores buscan determinar cómo se distribuyeron en los centros vacunatorios, con qué empresas de medicina privada, bajo qué criterios se suscribieron convenios y a quiénes se inoculó.
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