El kirchnerismo activó cambios en el Código Procesal Penal Federal, según la ley sancionada en el año 2014, que establecen que las penas sólo podrán aplicarse una vez que se agoten todas las instancias judiciales, es decir que la Corte las ratifique. Desde el oficialismo salieron varios voceros a aclarar que no se modifican artículos y que los artículos puestos operativos, no podrían modificar condenas. La Comisión Bicameral instrumenta la aplicación del Código y la adecuación de la legislación vigente y en ese marco activó una serie de artículos que establecen que un condenado recién cumplirá su pena una vez agotadas todas las instancias judiciales del proceso. Se aplica, está claro, para los casos de delitos federales, como la corrupción, el narcotráfico y la trata, y en los distritos donde ya se instrumenta esta nueva legislación. Aprobada el 4 de diciembre del año 2014, la Ley 27.063 del Código Procesal Penal Federal fue promulgada cinco días después. La norma delegó en la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación la evaluación, control y propuestas para la implementación y adecuación de la legislación. También se dejó en manos del Congreso ”toda otra modificación y adecuación legislativa necesaria para la mejor implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación”. Esa comisión es presidida por la kirchnerista mendocina Anabel Fernández Sagasti, también al frente de la estratégica comisión de Acuerdos. Según fuentes vinculadas a la Bicameral, “la implementación del artículo 375 lo único que hace es igualar el estándar para el cumplimiento de sentencias para todas las personas, sin distinción. Hasta el momento, por distintos precedentes jurisprudenciales, dependía de qué jueces le toquen a un imputado para decidir cuándo comenzaba a ejecutarse su sentencia. Esto es independiente de si la persona está o no detenida con prisión preventiva, ya que de existir riesgos procesales, siempre se imponen medidas de coerción, siendo el encarcelamiento preventivo la más gravosa de ellas” sostuvieron. De todos modos insistieron en que si un juez considera que existe real riesgo de fuga puede dictar la prisión preventiva. Por otra parte explicaron que los artículos 366, 367, 368, 369 y 370 ya estaban implementados a través de una resolución del año 2019 cuando la Bicameral era presidida por Urtubey. “Tuvo apoyo de legisladores de la actual oposición”, se excusaron.
