El oficialismo presentó un proyecto de ley para modificar el Impuesto a las Ganancias y establecer un nuevo piso: sólo pagarían quienes perciben salarios brutos mayores a $150 mil mensuales y las jubilaciones que superen los ocho haberes mínimos garantizados (actualmente $152.280). De esta forma, el tributo sólo alcanzaría al sector de mayores ingresos y beneficiaría al 63,4% de los contribuyentes que actualmente lo pagan en todo el país. Fuentes oficiales aseguraron que la iniciativa, busca beneficiar a una mayor cantidad de contribuyentes a nivel nacional y a la vez potenciar el mercado interno, dado que los principales beneficiarios de la medida serían trabajadores y jubilados, que destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo. Hasta finales de 2020, el Impuesto a las Ganancias afectaba a unas 2,3 millones de personas, el 25,6% del total de los contribuyentes en relación de dependencia. Con la actualización anual del impuesto, de acuerdo a la ley vigente a partir de enero de este año, 300 mil trabajadores dejaron de ser alcanzados por el tributo, ya que el piso para solteros pasó a ser de $74.810 y de $98.963 para casados con dos hijos. Con la propuesta del líder del Frente Renovador, la cantidad de trabajadores y jubilados que dejarían de pagar el impuesto se incrementará a más de 1.267.000. En consecuencia, si fuera aprobado, permitiría consolidar un esquema progresivo, en el que el Impuesto a las Ganancias solo lo pagaría el 10% de los contribuyentes con mayores ingresos y las jubilaciones de privilegio. “La recuperación del ingreso es clave para el crecimiento de la economía este año. Sacarle el Impuesto a las Ganancias a más de 1.250.000 personas significa mejorarles la capacidad de compra y recuperar el ingreso”, aseguró Massa, agregando que: “Debemos tener un sistema tributario más progresivo. Hoy paga más en proporción a su ingreso de Ganancias una enfermera o un barrendero que una empresa minera o un bingo”. El proyecto oficialista está orientado a proporcionar un alivio fiscal a la clase media trabajadora y jubilados de todo el país, siendo una medida que logrará que más de 486 mil personas del sector de la administración pública, defensa y seguridad social, entre los que se encuentran los docentes, médicos y fuerzas de seguridad, entre otros, dejen de pagar. Al desmenuzar los alcances del proyecto por región, en la provincia de Buenos Aires dejarían de pagar 569 mil empleados y jubilados; 157 mil en CABA; 103 mil en Córdoba, 98 mil en Santa Fe y 32 mil en Entre Ríos.
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