El objetivo de Martín Guzmán para el 2021, no es correr todo el tiempo detrás de los acontecimientos. La economía lo terminó pagando con una fuerte crisis cambiaria, una recesión de más del 10% y un gran deterioro social. Además, la inflación empezó a ganar velocidad en el último trimestre. Con la tonelada de soja a 500 dólares y tasas de interés en los valores más bajos de la historia, la lógica indicaría que es momento de aflojar el cepo cambiario y favorecer el ingreso de capitales. Pero la desconfianza de los inversores no permite semejante lujo. Por las dudas, Miguel Pesce tomó el camino contrario y terminó derribando el último “bastión” de acceso al mercado cambiario oficial: las importaciones. Las restricciones al ingreso de productos importados involucró a un “conjunto de bienes finales”, tal como lo definió el propio Central. El monto que representan estos productos suma unos USD 300 millones mensuales, a lo que deben sumarse otros USD 25 millones adicionales por los bienes suntuarios. La cifra representa alrededor del 8% de todas las importaciones por mes, es decir un volumen significativo. Una de las razones que llevó a Pesce a endurecer todavía más las restricciones cambiarias está relacionada con lograr un superávit comercial algo más holgado, luego de la caída de los últimos meses. Es el efecto de la brecha cambiaria, que alienta las importaciones y al mismo tiempo desalienta a los exportadores, que se ven obligados a liquidar al tipo de cambio oficial. Con una brecha que sigue arriba del 90%, tarde o temprano el superávit comercial tiende a desaparecer. Para prolongar un poco más la agonía directamente se prohíbe el ingreso de determinados productos. Pero la otra razón está vinculada con una política estrictamente local.
Quién estuvo detrás de las restricciones para importar bienes finales fue el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en lo que se encamina a convertirse en una nueva edición del famoso “vivir con lo nuestro”. El guiño a los fabricantes de Tierra del Fuego es clarísimo. Fueron los grandes aliados de Cristina Fernández durante su gestión hasta el 2015 y ahora vuelven con sus privilegios. La excusa será, por supuesto, cuidar el empleo nacional, aunque difícilmente una medida de estas características esté enfocada en el consumidor. Las consecuencias ya empiezan a ser notorias. La oferta de línea blanca y electrónicos es mucho más escasa y los precios no tardarán mucho en subir sostenidamente ante la falta de producto. Es la historia que se repite en la Argentina una y mil veces. Pero los números nunca cierran. Este tipo de industria es altamente ineficiente por la distancia del puerto de Buenos Aires (más de 3.000 kilómetros) y además demanda un enorme volumen de insumos importados para la producción. En otras palabras, lo que se ahorra prohibiendo el ingreso de productos finales se terminará perdiendo por el lado de los insumos. En el medio, como siempre pierden los consumidores.
