Los abogados que conforman la defensa de Julio De Vido, presentaron la apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al fallo que hace un mes avaló la declaración de los arrepentidos en la causa de los “cuadernos de la corrupción”, en la que también está imputada la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández, como jefa de una asociación ilícita. De Vido busca así que el máximo tribunal revise el fallo de la Cámara Federal de casación Penal, quien declaró constitucional la norma que rige la declaración de los arrepentidos. La defensa pidió, en su presentación, que la Corte ordene que se dicte un nuevo fallo en el que se haga lugar su pedido: que esos testimonios se declaren nulos. La admisibilidad de la presentación quedó a cargo de los jueces de la Sala I de Casación, Diego Barroetaveña, Ana María Figueroa y Daniel Petrone, que deben resolver si aceptan la apelación para que vaya a la Corte. Si la rechazan, las defensas podrían llegar directamente al máximo tribunal con otra apelación que se llama recurso de queja. Lo que es seguro es que ni Casación resolverá ni la Corte intervendrá en el caso antes de fin de año. Todo quedará para después de la feria judicial de enero y con la expectativa de cuándo pueda fallar el máximo tribunal. Cuando las presentaciones lleguen, la Corte sumará un nuevo expediente contra la vicepresidente. El máximo tribunal ya tiene para resolver nulidades y planteos en los casos de la obra pública y Los Sauces y también otro de cuadernos. Algunos de ellos presentados por la defensa de la ex presidente. Lo que resuelva la Corte será determinante para definir si las causas continúan o no.
La causa de los cuadernos se inició en 2018 cuando el chofer Oscar Centeno declaró que había anotado durante varios años las coimas que empresarios le pagaban al ex funcionario de Planificación Roberto Baratta, a quien llevaba a esos lugares. El caso tiene más de 100 imputados con 31 arrepentidos, tanto ex funcionarios como hombres de negocios, que reconocieron los delitos y contaron cómo era el esquema de corrupción. Lo hicieron bajo la ley 27.304 del régimen del arrepentido que le permite obtener beneficios a quien aporte datos verificables sobre el hecho. Varias de las defensas objetaron la norma. Entro otros puntos señalaron que la ley establece que las declaraciones de los arrepentidos se tomaron por escrito, sin control de las defensas, cuando la norma establece que debe ser registrada por un medio técnico idóneo, por lo que reclamaban que estén grabadas, lo que no ocurrió. También objetaron la inconstitucionalidad de la ley porque implica una desigualdad de los imputados ante los arrepentidos y porque comenzó a regir en 2016 cuando los hechos que denunció Centeno son de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (2003–2015), por lo que no debería ser utilizada. Los arrepentidos son la base de la causa que ya fue elevada a juicio oral y se encuentra en el Tribunal Oral Federal 7 a la espera de la fecha de inicio del proceso.
