Cerca del final del debate por la ley del aborto, Sergio Massa, formuló un pedido al recinto. “Quiero comunicar al cuerpo una situación para pedir autorización”, dijo. Se refería al ingreso de la diputada Roxana Reyes a la sesión para que pueda emitir su voto. La santacruceña permanecía de licencia por una tragedia familiar: su hijo menor, Renzo Bonforte, había fallecido. Tenía 23 años y vivía en la Ciudad de Buenos Aires junto a sus hermanos. “Todos sabemos lo que le sucedió a la diputada el fin de semana pasado, esta semana no estuvo por razones obvias de público conocimiento, por una situación de índole familiar más que dolorosa, participando de la actividad de la Cámara. Se acaba de contactar con el cuerpo pidiendo autorización para votar”, resumió Massa. Por cuestiones reglamentarias, la legisladora no estaba registrada para participar y requería de la aprobación de sus colegas parlamentarios. Finalmente, el recinto acompañó la solicitud y la diputada de Juntos por el Cambio (JxC) se incorporó de forma remota desde Santa Cruz para pronunciarse a favor del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). En el debate de 2018, la legisladora estuvo indecisa durante todo el proceso parlamentario hasta que, por “honestidad intelectual”, resolvió pronunciarse de manera afirmativa. Por entonces había sufrido amenazas de muerte. La Cámara de Diputados aprobó en general por 131 votos a favor el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, mientras que 117 legisladores votaron en contra de la iniciativa y 6 se abstuvieron, tras un extenso debate que se prolongó durante más de 20 horas, y fue acompañados por miles de manifestantes “verdes” y “celestes” en los alrededores del edificio.
El Senado definirá en las próximas horas la cantidad de comisiones a las que será girado el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo aprobado y si repite la fórmula de debate de 2018, cuando la propuesta terminó archivada por una diferencia de siete votos. El texto sería trabajado por las comisiones de Asuntos Constitucionales, presidida por la santafesina María de los Ángeles Sacnun; la de Justicia y Asuntos Penales, que dirige Oscar Parrilli; la de Salud, que conduce el radical Mario Fiad y no se descarta incluir una cuarta comisión, como Legislación General, que conduce Ana Almirón. En 2018, cuando el proyecto finalmente fue rechazado por el pleno del Senado, las comisiones a las que fue girado fueron las de Salud, como cabecera y también conducida por Fiad; la de Justicia y Asuntos Penales, que dirigía el entrerriano Pedro Guastavino; y la de Asuntos Constitucionales, que presidía el catamarqueño Dalmacio Mera. Los feriados de mitad de semana de las Fiestas de Navidad y la obligación reglamentaria del Senado de dejar transcurrir siete días hábiles entre la emisión del dictamen y la sanción en el recinto obligan a calcular el miércoles 30 de diciembre como el último día posible del año para la sanción definitiva o, en su defecto, un nuevo rechazo del texto.
