Se conoció oficialmente la extensión por 60 días la prohibición de despidos y la doble indemnización, que vencían a fin de mes. Ambas medidas fueron tomadas al inicio de la pandemia para intentar atenuar el impacto de la crisis entre los trabajadores. A pesar de estas medidas, entre otros intentos oficialistas para contener el desborde económico ocasionado por una cuarentena de casi siete meses, no se logró evitar que de marzo a esta parte aumente desmedidamente el desempleo. En el segundo trimestre de este año la desocupación pasó del 10,4% al 13,1% según datos brindados por la agencia oficial de estadísticas INDEC. Se trata del peor índice desde 2004. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, ya firmó el DNU para prolongar hasta el 31 de enero la prohibición de los despidos sin justa causa por falta o disminución de trabajo y fuerza mayor. La norma alcanzará en los mismos términos a las suspensiones. La medida fue decretada inicialmente el 31 de marzo por 60 días y será la cuarta vez que se renueva por un nuevo bimestre.
Las únicas excepciones, en el caso de las suspensiones, son las acordadas entre los empleadores y los trabajadores o la representación sindical. Además, el DNU que en julio extendió la medida, estableció que no quedaban alcanzadas por esas prohibiciones “las contrataciones celebradas con posterioridad a su entrada en vigencia”, o sea a las nuevas incorporaciones de personal. El decreto que se publicará a inicios de la semana próxima para estirar la vigencia de las prohibiciones, contemplaría los mismos términos. Aunque los datos oficiales marcan una importante caída del empleo asalariado formal, en el Gobierno consideran que la pérdida de puestos de trabajo hubiera sido superior si no se adoptaban esas medidas y no estuviera vigente la doble indemnización para los despidos sin causa. Atribuyen la caída del empleo a que las empresas no reponen el personal que renuncia o se jubila y a los “retiros voluntarios”.
