El senador kirchnerista y mano derecha de la vicepresidente, Oscar Parrilli, convocó a la comisión de Justicia para tratar dos proyectos de la oposición que proponen reducir el mandato del Procurador que hoy es un cargo vitalicio. En tanto, los autores de los proyectos, sospechan que la jugada busca abrir la discusión sobre las condiciones para elegir al nuevo Procurador General. Los proyectos que serán debatidos son de los senadores Martín Lousteau (UCR) y Lucila Crexell (Interbloque Federal-Neuquén). El primero propone reducir el mandato a 6 años: “El Procurador General de la Nación dura en sus funciones el término de seis años, pudiendo ser nuevamente designado, por una única vez, habiendo transcurrido un mandato intermedio, y mientras cumpla los requisitos establecidos en el Art. 11 bis de la presente ley”, dice la iniciativa. Sin embargo, mantiene la mayoría agravada de dos tercios para designar al nuevo procurador. “Necesitamos una institución con fortaleza republicana, esto es, lo elegimos por un consenso bien amplio, que es lo que marcan los dos tercios y, por otro lado, no le damos un poder vitalicio. Es la combinación de las dos cosas, ese es el punto medular, dos tercios y mandato acotado en el tiempo”, destacó Lousteau. El proyecto de la senadora Crexell propone reducir el mandato a 5 años: “El Procurador General de la Nación dura en su función cinco años, pudiendo ser nuevamente designado por igual plazo por una sola vez por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes”, dice en el artículo 1 y agrega: “Con excepción del Procurador General de la Nación, los procuradores fiscales, los fiscales generales, los fiscales generales de la Procuración General de la Nación, el fiscal de investigaciones administrativas, los fiscales, y los fiscales de la Procuración General de la Nación, gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta y hasta los setenta y cinco años de edad”.
En la denominada comisión Beraldi también se debatió sobre las mayorías necesarias para elegir al Procurador. No es la primera vez que ocurre: cuando el cargo lo ejercía Alejandra Gils Carbó, el macrismo propuso que se pueda votar con una mayoría absoluta, es decir 37 votos. El actual procurador Casal, viene sorteando una embestida política en varias comisiones del Congreso, primero se puso en marcha la Comisión Bicameral de seguimiento del Ministerio Público Fiscal, donde desfilaron ONG y fiscales descontentos con su gestión, y luego el kirchnerismo intentó avanzar desde la comisión de juicio político. Ninguno de los dos caminos prosperaron. Cuando la avanzada parecía diluirse, el oficialismo duro evaluó la posibilidad de iniciarle un jury como si fuera un fiscal más. “No fue elegido por los dos tercios”, argumentan en las filas del oficialismo. Ese plan implicaría iniciar un sumario dentro de la Procuración, citar al Consejo Evaluador y pasar por todas las instancias. “Es un disparate, Casal está cumpliendo con las funciones de procurador y le corresponden las garantías del cargo”, aseguran en las oficinas de la Procuración.
