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El presidente de la Corte Suprema de Justicia Carlos Rosenkrantz, denunció una “campaña de desprestigio” en su contra a través de acusaciones “infundadas”, en medio de las críticas de sectores del Frente de Todos y el pedido de juicio político. “Una cosa es un juicio político, que apunta a destituir a un juez por incumplimiento de sus deberes y otra cosa es el juicio motivado por intereses políticos”, escribió Rosenkrantz. El titular del máximo tribunal rompió el silencio, tras un fin de semana de discusión entre oficialismo y la oposición a partir del pedido de juicio político que presentó la diputada nacional del Frente de Todos e integrante del Consejo de la Magistratura Vanesa Siley por supuesto “mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones”. Rosenkrantz se quejó de que “distintas personalidades” le “atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza”. En una movida inusual, el presidente de la Corte Suprema rechazó las acusaciones de Siley y dijo que “son completamente infundadas”, ya que “no ha incumplido deber funcional alguno. Hace tiempo soy blanco de una persistente campaña de desprestigio en distintas publicaciones y por parte de distintas personalidades. Me atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza”, comienza el escrito del titular del máximo Tribunal. Como ejemplo señala que le imputaron “71 cuentas en el exterior”, a su nombre, para “cobrar sobornos en numerosos paraísos fiscales”; así como “el delito de prevaricato por haber firmado el fallo ‘Muiña’” y otra por ser “partícipe durante el tiempo en que ejercía la profesión de abogado en una quiebra fraudulenta de una empresa que tenía una franquicia de una hamburguesería en Pinamar y Villa Gesell”.

En todos los casos aseguró que son “falsas” y “completamente infundadas” y en las dos últimas acusaciones recordó que “fueron desestimadas por el juez Rafecas”. A todas estas causas, cuestionó que “una diputada oficialista presentó un pedido de juicio político en el que considera configurada la causal de mal desempeño que habilitaría la apertura del procedimiento en la Cámara de Diputados para investigar esos hechos y, en su caso, avanzar con mi destitución”. “No he incumplido deber funcional alguno”, ratificó Rosenkrantz. El presidente de la Corte Suprema hace referencia en su escrito a la denuncia que la diputada Siley realizó el 25 de septiembre, en la que lo acusa, entre otras cosas, de haber incurrido en mal desempeño por sus votos a favor de otorgar en 2017 el beneficio del 2×1 a Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad. Al respecto, el magistrado considera “curioso” que se lo acuse recién ahora por una sentencia que fue dictada hace tres años y que “también firmaron otros dos jueces”. “También es llamativo que se me acuse por no ceder frente a las protestas en las calles”, agregó. “Los argumentos están en los fallos y no quiero repetirlos aquí. Sólo quiero insistir en que, en general, expresan mi convicción profunda de que la Constitución consagra garantías penales en favor de los acusados, incluyendo a aquellos que perpetraron los crímenes más horrendos en la historia de nuestro país”, detalló Rosenkrantz.

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