En el contexto de la profunda crisis económica argentina, las autoridades de los Gobiernos nacional y provinciales de las distintas zonas afectadas por las tomas de tierras, intentan llegar a un acuerdo con los usurpadores para evitar desalojos violentos. Mediante un decreto que lleva la firma de Alberto Fernández y de todos sus ministros se oficializó el traspaso del área encargada de la urbanización de los barrios populares del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat al Ministerio de Desarrollo Social. El Decreto modifica dos artículos de la Ley de Ministerios permitiendo el traspaso de los programas de integración socio urbanos de los Barrios Populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP). Con la decisión comunicada oficialmente, ahora Desarrollo Social también estará facultado para “entender, en coordinación con las demás áreas de la Administración Pública Nacional con competencia específica, en la ejecución de las gestiones y obras relativas a la implementación de los programas de integración socio urbanos de los Barrios Populares”. De esta manera, se oficializó la quita de esta competencia a la cartera dirigida por María Eugenia Bielsa. Desde que floreció nuevamente el conflicto, la ministro se encargó de ratificar que el Gobierno “no avala las tomas” y si bien admitió que “hay un aprovechamiento de mafias que terminan vendiendo los terrenos”, planteó que la necesidad habitacional existe. Estima que “hay un déficit de 3.600.000 unidades de vivienda faltantes” en todo el país.
Al problema de las usurpaciones en medio de la pandemia de coronavirus, en 10 meses de gestión a Bielsa se le sumaron las dificultades que tiene para tratar en el día a día con funcionarios de organizaciones sociales. En contraposición, Arroyo mantiene un diálogo constante con los referentes que militan las problemáticas de los barrios populares y asentamientos. Al igual que Bielsa, el titular de Desarrollo Social denunció que las usurpaciones son “hechos ilícitos” en el que se dan por un lado situaciones vinculadas al déficit habitacional y por otro a “vivos” que buscan hacer de la toma un negocio. Está previsto que el próximo jueves 1 de octubre se avance con el desalojo de la toma de Guernica. El operativo había sido postergado por pedido expreso del Gobierno de Axel Kicillof mientras continúan las negociaciones para que el desalojo se lleve a cabo de forma pacífica. Sin embargo, hubo un momento de tensión este domingo cuando funcionarios de la Provincia intentaron llevar asistencia. Funcionarios y trabajadores de los ministerios de Desarrollo de la Comunidad; de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual; de Justicia y Derechos Humanos; y de Seguridad; así como también por representantes de los municipios de Presidente Perón, Lomas de Zamora, Almirante Brown Florencia Varela, Esteban Echeverría, San Vicente y Ezeiza intentaron llevar agua potable, comida y ropa para las familias pero no pudieron ingresar al predio. Las organizaciones prendieron fuegos gomas y exigieron que la mercadería sea depositada en el sector de ingreso para su posterior reparto.
