Los innumerables casos de inseguridad se multiplican día a día en el conurbano bonaerense, mientras el Gobierno intenta inventar soluciones para salir de la cuarentena. Tras reiterados reclamos del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, su par nacional, Sabina Frederic, dispuso el envío de fuerzas federales para las zonas más calientes del Gran Buenos Aires. Esta semana, la ministra de Seguridad presentó la Fuerza de Respuesta Inmediata (FRI), un cuerpo especial dependiente de la Policía Federal “que articula diferentes áreas para dar seguridad de proximidad en zonas urbanas, donde vemos que se está incrementando el delito y la violencia. Son muy útiles para dar seguridad en momentos de mayor circulación”, adelantó Frederic. La novedad provocó un nuevo cortocircuito con Berni, quien reveló que no fue consultado al respecto y que se enteró a través de los medios de comunicación. En medio del fuego cruzado quedan los intendentes, oficialistas y opositores, que reciben de primera mano el reclamo de los vecinos por el aumento de la inseguridad y a la vez carecen de recursos para intentar controlar una situación que recrudeció en los últimos meses. Berni tomó nota al respecto y les pidió a los 135 intendentes bonaerenses que presenten propuestas para abordar el plan integral de seguridad local.
Oficialistas y opositores reclaman que se escuche su voz a la hora de administrar el manejo de las fuerzas y tienen en la mira a la Justicia como la principal responsable del recrudecimiento del delito a raíz de las excarcelaciones concedidas bajo la excusa del coronavirus. Algunos intendentes se mostraron disconformes con el primer envío de fuerzas federales: “Da vergüenza decir el número”, dijeron. Además de la cantidad, cuestionaron la falta de autonomía para poder distribuir a los efectivos: “Los ponen en cualquier lado, desconociendo la realidad de cada municipio”. En la misma línea, un importante jefe comunal oficialista reveló que “a veces nos consultan más, otras menos, y a veces no nos consultan”. Además se mostró molesto por desconocer la coordinación que hacen Provincia y Nación: “No se qué hicieron, a quiénes detuvieron, dónde estuvieron los gendarmes; me entero por las mías, no oficialmente”. Pese a las diferencias partidarias, el jefe de Gabinete y encargado del área de seguridad de Lanús, Diego Kravetz, destaca el “vínculo estrecho” con Berni pero insiste en la necesidad de alcanzar un trabajo coordinado entre Nación, Provincia y municipios: “Queremos tener diálogo”. “El ABC de la seguridad es patrullaje y abordaje, no hay mucho misterio. Si patrullás, pero no hacés control de documentación de las personas, de los autos, indefectiblemente te vas a chocar con delitos consumados o en fragancia. Si tengo a la Gendarmería parada viendo cómo pasan la gente y las motos, no me sirve para nada. Si ven algo raro y no piden documentación, no hacen un cacheo, no sirve para nada. Es elemental para la seguridad pública”, analizó.
La Policía Bonaerense cuenta con un promedio de 90 mil efectivos distribuidos a lo largo y a lo ancho de la provincia. Solo el conurbano cuenta con casi 11 millones de habitantes, razón por la cual la prevención del delito termina siendo una labor titánica para los agentes de seguridad, y para intendentes y funcionarios provinciales independientemente del color político. Debido a la pandemia, este año la fuerza bonaerense no sumó nuevos efectivos. Si bien en Provincia y en los distintos municipios coinciden en la necesidad de cubrir ese déficit, no quieren recaer en la imprudencia que se cometió años atrás cuando se creó la Policía Local: “Alejandro Granados (ex ministro de seguridad bonaerense) la hizo por la necesidad política de que Scioli ganara las elecciones”, admite otro jefe comunal peronista. “La idea era sacar la mayor cantidad de efectivos a la calle, sin importar mucho los parámetros; no se si todos pasan un psicotécnico apto para la Policía Local…”.
