La baja pronunciada en la recaudación de los municipios bonaerenses fue socorrida con un auxilio monetario de $13.500 millones que llegó desde la gobernación, a las 135 intendencias. Así y todo, el dinero no alcanza. Por esa razón, varios intendentes echaron mano de los plazos fijos que tenían atesorados en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. “Nos estamos quedando sin plata”, sostienen los alcaldes, varios de ellos en una silenciosa disputa con el gobernador. “Tocamos fondo. Si no abrimos actividades de manera urgente, nos incendiamos”, se lamentan. Las cifras oficiales marcan, por ejemplo, que la intendencia de La Matanza, a cargo de Fernando Espinoza, tenía consolidado entre plazos fijos y en la cuenta corriente, $10.510.655.329,29. Cuarentena mediante, la suma quedó en $3.555.157.378. Esos casi siete mil millones de pesos fueron utilizados para reforzar la asistencia a los sectores más vulnerables del distrito considerado como “la quinta provincia”, ya que allí viven una 2.400.000 personas. Algunos datos explican la crisis. Antes de la irrupción de la pandemia del COVID-19, la municipalidad asistía a unas 100.000 familias. En la actualidad, según explicó el propio Espinoza, la ayuda alimentaria se extendió a 300.000, es decir a casi el 45% de la población matancera. Desde la intendencia de Ituzaingó, se reconoció que si no fuese por el dinero que les giró Kicillof no podrían haber pagado el aguinaldo y los sueldos de los empleados municipales. También un vocero de la secretaría de Hacienda local advirtió que los ocho millones de pesos en el plazo fijo del Banco Provincia ya no se pueden tocar porque ese dinero corresponde a pequeñas obras, como pavimentación, y partidas coparticipables destinadas a fomentos específicos. “Estamos rascando el fondo de la olla”, graficaron.
Almirante Brown, el municipio gobernado por Mariano Cascallares, pasó de los $859.309.074 en abril, a los $695.000.000 en julio. Algo similar sucede en Avellaneda, cuyo intendente es Jorge Ferraresi: los $595.304.446 se redujeron a $210.000.000. En Berazategui, la localidad liderada por el histórico dirigente del PJ Juan José Mussi, también sintieron el impacto de la crisis generada por el estancamiento económico. Sus depósitos por $244.702.196, pasaron a $130.000.000. Esteban Echeverría, cuyo alcalde es Fernando Gray, pasó de tener plazo fijos por $423.646.123 a $129.500.000. Los intendentes destacaron que una buena parte de los plazos fijos y dinero en la cuenta corriente “están comprometidos”, es decir que no se pueden tocar ya que “no son de libre disponibilidad” porque “están afectados a áreas específicas, como fomento municipal o educación, o a licitaciones en proceso”.
A los jefes comunales de Juntos por el Cambio no les fue mejor. San Miguel, conducida por Jaime Méndez, pasó de los $757.345.500 existentes el 1 de abril, a los $739.230.000. Vicente López, el distrito comandado por Jorge Macri, vio menguar sus ahorros de $1.072.424.309, a los $300.000.000. A Néstor Grindetti, el alcalde de Lanús, le sucedió algo muy parecido. El 1 de abril su plazo fijo en el Banco Provincia era de $1.067.345.500. Tres meses después y coronavirus mediante, esa cifra se redujo casi a la mitad, 572.000.000. Tres de Febrero, la intendencia a cargo del historiador y periodista Diego Valenzuela, pasó de los $405.428.789 a los $398.000.000. En San Isidro, al mando de Gustavo Posse, la situación financiera también se hizo sentir. Los $566.074.744 que tenían depositados en el Banco Provincia el 1 de abril, se redujeron al 1 de julio a $150.000.000. Los fríos números reflejan la situación de las alicaídas finanzas comunales, 109 de las 135 intendencias de la provincia de Buenos Aires solicitaron asistencia financiera, según publicó en su página oficial el Ministerio de Economía bonaerense. En el mismo período de 2019, durante la gestión Vidal, la transferencia había sido de $13.000.000.000 menos.
