Cristina Fernández, aceptó que el juicio oral por las presuntas irregularidades en la obra pública durante sus gobiernos, se reanude de manera remota aunque las defensas de la mayoría de los ex funcionarios acusados se opusieron. Las defensas del caso contestaron la propuesta del Tribunal Oral Federal 2 de reanudar el juicio, suspendido en marzo por el aislamiento obligatorio, de manera remota mediante en sistema mixto. Los jueces y los testigos en una sala de audiencias de los tribunales de Comodoro Py y el resto de las partes (Fiscalía, querellas y defensas) por videoconferencia. La defensa de la ex presidente, a cargo de Alberto Beraldi, presentó un escrito en el que no objetó el reinicio del proceso de esa manera. Sin embargo, los defensores de los otros ocho acusados se opusieron, entre ellas la del empresario Lázaro Báez, del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex secretario de Obras Públicas José López y del Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad. Las principales objeciones es que el sistema de videoconferencia resiente la posibilidad de un efectivo derecho de defensa porque se pierde la inmediatez al momento de interrogar a un testigo, lo que sí se tiene en las audiencias presenciales. También señalaron que no tiene la seguridad que los testigos estén guionados al no poder controlarlos y que el medio remoto fue desaconsejo en tribunales internacionales, además de que puede presentar problemas de seguridad.
Si el tribunal rechaza seguramente se hará una prueba técnica para probar el sistema y luego se fijará según el calendario que tenga el Consejo de la Magistratura de la Nación, el encargado de administrar la plataforma “Jitsi meet” por la que se hará el juicio. La expectativa estará en qué ocurrirá si las defensas llevan sus objeciones a la Cámara Federal de Casación, el superior de los tribunales orales que revisa sus decisiones. El tribunal oral resolvió la semana pasada reanudar el juicio de manera mitad presencial y mitad remota. Lo hizo luego de tener el aval del Consejo de que contaba con un sistema de videoconferencia para poder hacerlo. El tribunal había pedido un sistema con 50 puntos de conexión. En el juicio por la obra pública se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de las 52 obras públicas que la empresas de Báez recibieron para la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos nacionales de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Principalmente el pago de sobreprecios en las obras que no fueron terminadas a pesar que las compañías de Báez cobraron los fondos asignados. La próxima audiencia es la declaración como testigo de Javier Iguacel, el titular de Vialidad Nacional del gobierno de Mauricio Macri que en 2016 presentó la denuncia penal que llevó al juicio oral.
