Ricardo Jaime pidió la nulidad de un juicio oral en el que se lo acusa de varios delitos de corrupción. Condenado y en la cárcel por su responsabilidad en la Tragedia de Once y en otros dos casos de corrupción, Jaime intenta detener el juicio que lo puede llevar a que se eleve su condena de ocho años de prisión efectiva que pesa sobre su cabeza. Por eso planteó la nulidad del juicio que realiza el Tribunal Oral Federal 6 con el argumento de que dos de los jueces que lo juzgan se jubilaron en febrero pasado y perdieron su estado judicial luego de que entrara en vigencia la ley que modificó el régimen jubilatorio de jueces y fiscales. Jaime pidió la nulidad porque se jubilaron los jueces José Martínez Sobrino y Julio Panelo, quien junto a Fernando Canero y Ricardo Basílico, integran el Tribunal donde el ex secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner es juzgado por el delito de enriquecimiento ilícito, entre otros. Los jueces renunciaron para no perder beneficios ante la reforma del régimen jubilatorio, pero por disposición de la Cámara Federal de Casación siguen al frente de aquellos juicios orales iniciados con anterioridad a su dimisión. El planteo de Jaime, primer ex funcionario kirchnerista que admitió haber cobrado coimas mientras administraba el sistema de transporte de los argentinos, fue rechazado por el Tribunal Oral Federal 6.
En contra de la nulidad planteada por Jaime también se manifestó la Oficina Anticorrupción que conduce el ex fiscal Félix Crous, argumentando que “la ley N° 27.546 de modificación del Régimen jubilatorio, no dejaba sin efecto las convocatorias de jueces jubilados realizadas con anterioridad a su entrada en vigencia, sino que derogaba el mantenimiento del estado judicial para aquellos magistrados que se jubilaran a partir de su sanción”. Los tres jueces del TOF 6 se manifestaron en contra de la nulidad. Martínez Sobrino y Panelo votaron de manera conjunta. En ese voto citaron una larga lista de casos en los que la Corte Suprema y la Casación avalan sus argumentos para seguir a cargo de los juicios que ya se iniciaron. Los dos jueces dijeron que “En consecuencia consideramos que seguimos teniendo jurisdicción para intervenir en las presentes actuaciones hasta la finalización del juicio y el dictado de la respectiva sentencia, puesto que las garantías antes señaladas establecen una protección a los imputados para que ninguna autoridad modifique la integración del órgano jurisdiccional que se encuentra juzgandolos”.
