El bloque de diputados de la Coalición Cívica presentó el pedido de interpelación al titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous. El requerimiento fue elaborado por Paula Oliveto y Juan Manuel López, ya que desde la Coalición advirtieron que la decisión de la Oficina de retirarse como querellante en las causas que involucran a Cristina Fernández y sus hijos, es de suma gravedad. Los profesionales citaron a Crous para “que informe verbalmente a la Comisión de Justicia de esta Cámara sobre los motivos que llevaron al organismo a su cargo a desistir de su rol querellante″. La decisión de la OA tiene un fuerte impacto político. Fue esa oficina, entonces liderada por Laura Alonso, en el gobierno de Mauricio Macri, la que más impulsó la causa y ahora, con el regreso del kirchnerismo al poder y el fiscal Crous al frente, la que se baja. Al mismo tiempo, la diputada nacional de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña, repudió lo sucedido. Para la legisladora, el accionar de Crous no respeta los parámetros republicanos y afecta a la institucionalidad del país. “Garantizar la impunidad es el peor mal que se le puede hacer a nuestra sociedad”, explicó la parlamentaria luego de que ayer se conociera que la Oficina Anticorrupción dejó de ser querellante en la causa que acusa de corrupción a la Cristina Kirchner.
Asimismo, Ocaña agregó que “cualquier paso atrás en la búsqueda de la Verdad y la Justicia en causas de corrupción como estas implica un desmedro a nuestra democracia”. En ese sentido, expresó además: “Nuestro temor respecto a la utilización de la pandemia vigente para intentar ocultar este tipo de resoluciones dado que todos los poderes, los medios de comunicación y la sociedad se encuentran atendiendo a los aconteceres producidos por el COVID-19″. Ocaña señaló también que “la corrupción es uno de los mayores flagelos que afectan a las democracias contemporáneas ya que impacta de manera directa en la calidad de la gestión pública provocando a la vez, un costo social de corto y largo plazo, que afecta tanto al sector público como privado”. La legisladora nacional subrayó que “el fenómeno de la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos”. Ocaña también lanzó una junta de firmas para que la OA de marcha atrás con la decisión.
