El Gobierno estableció un nuevo mecanismo de compra de insumos, luego de la polémica desatada por la compra de alimentos con sobreprecios. El Poder Ejecutivo dispuso una serie de modificaciones en los mecanismos de compras con el objetivo de aumentar el control sobre las contrataciones que se realizan de emergencia en el marco de la pandemia. Además de desplazar a quince funcionarios de Desarrollo Social, se establecieron precios máximos y criterios para la inelegibilidad frente a supuestos de simulación de competencia. Desde el Gobierno destacaron que la medida busca la participación de la mayor cantidad posible de oferentes, de modo tal que la autoridad competente para decidir cuente con la mayor cantidad posible de alternativas de elección, para escoger con más posibilidad de acierto la que mejor satisfaga el interés público comprometido, en los términos plasmados en la convocatoria. Para cumplir con el requisito de publicidad, se enviarán automáticamente correos electrónicos a todos los proveedores incorporados al sistema según su rubro, clase u objeto de contratación.
De todas formas “podrán presentar ofertas quienes no hubiesen sido invitados a participar; no obstante lo cual, en todos los casos los oferentes deberán encontrarse incorporados en el mentado registro, en esta inscripto y con los datos actualizados en forma previa a la emisión del acto de conclusión del procedimiento, como condición para poder ser adjudicados”. La acreditación de la inexistencia de la cantidad mínima de proveedores a invitar deberá efectuarse mediante un informe gráfico de la captura de pantalla del SIPRO o mediante la declaración que efectúe el titular de la Unidad Operativa de Contrataciones. “Podrá adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola oferta”, se remarcó. En el caso de procedimiento realizados a través del COMPR.AR, el plazo de presentación de las ofertas lo determinará la jurisdicción o entidad que realice la contratación utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema, y cumpliendo todos los requerimientos de las invitaciones, acompañando la documentación que la integre en soporte electrónico.
Cabe mencionar que estas modificaciones surgen también luego de que por el avance de la pandemia y su impacto social, anteriormente se facultó a distintos organismos del Estado a efectuar contrataciones directas de bienes y servicios que sean necesarios para atender la emergencia sanitaria y económica. Por lo que se habilitó “a todas las áreas comprometidas en dar respuestas integrales, ante esta situación excepcional, a utilizar herramientas que otorguen celeridad y eficacia a la atención de las necesidades que se presenten, sin mengua de la transparencia que debe primar en todo el obrar público”, se justificó en los considerando.
