El Senado aprobó la denominada ley de góndolas que busca evitar las posiciones dominantes de las grandes marcas en los supermercados. Con 56 votos a favor y 4 abstenciones, la Cámara alta le dio el aval definitivo al proyecto que el 19 de noviembre logró media sanción en Diputados. La iniciativa establece que las cadenas comerciales podrán otorgar a un proveedor el 30% de una góndola, que deberá compartir con al menos otros cinco proveedores y determina que se le deberá brindar un 25 por ciento a productos de Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) y un 5% a los de la agricultura familiar. Además, se establece que en las islas de exhibición y anaqueles contiguos a las cajas se deberán presentar en un 50% del espacio productos elaborados por micro y pequeñas empresas nacionales, o por cooperativas y mutuales.
Alberto Fernández impulsó el tratamiento del proyecto ya aprobado por Diputados, en el marco de las primeras acciones que adoptó para tratar de desindexar la economía y ponerle freno a la carrera de los precios. “Es una deuda pendiente, en un momento complejo donde el precio de los alimentos tiene impacto en la economía de las familias”, sostuvo la legisladora por Corrientes Ana Almirón, en representación del oficialismo. Desde la oposición, el interbloque de Cambiemos objetó la iniciativa al calificarla de “inocua” y advirtió que ya existen “herramientas” como las leyes de defensa de la competencia y de defensa del consumidor que sirven para controlar la suba de precios, pero que “lamentablemente no se aplican”.
Ernesto Martínez, senador de Cambiemos por Córdoba, dijo que la ley “es puro eslogan y marketing” y afirmó que la norma “no sirve absolutamente para nada”, mientras que su par, Esteban Bullrich, adelantó que “la mejor manera” de solucionar el problema “es bajando impuestos” como el IVA. El presidente de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), Víctor Palpacelli, aseguró que ley de góndolas “será difícil de sostener en el tiempo”, mientras que el dueño de Maxiconsumo, Víctor Fera, opinó que la norma “es un beneficio grande para los consumidores y para las pequeñas empresas”.
