Con la vicepresidente Cristina Kirchner en Cuba, el ex ministro de Planificación Julio De Vido clamando por los presos políticos y el empresario Lázaro Báez a la espera del pedido de condena en el juicio por la ruta del dinero k, el Tribunal Oral Federal 2 reanudará el debate por la causa conocida como “Vialidad”. Se trata del juicio oral contra la ex presidente y sus ex funcionarios por las obras concedidas al dueño de Austral Construcciones en Santa Cruz. En la primera audiencia del 2020, el tribunal tiene previsto escuchar Fernando Sánchez, el ex diputado de la Coalición Cívica quien, junto a Elisa Carrió, firmó la denuncia inicial por asociación ilícita contra el matrimonio Kirchner, funcionarios y empresarios. Hotesur, en donde también espera juicio Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia y Lázaro Báez.
Sánchez se convertirá en el tercer testigo en desfilar en este debate. Antes ya declararon los ex diputados Juan Carlos Morán, también firmante de la denuncia junto a Carrió y la ex diputada Margarita Stolbizer, quien radicó la causa por Florencia y el empresario Báez. Hay 159 testigos citados, entre ellos varios ex funcionarios de Cristina Kirchner. Se destacan Alberto Fernández; el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa; el gobernador de Chaco Jorge Capitanich; el flamante titular de Yacimientos Carboníferos Río Turbio Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina. A ellos se les suma Carlos Zannini, procurador General de la Nación.
En el juicio se trata esclarecer las presuntas irregulares en 51 obras públicas que las empresas de Lázaro Báez recibieron para Santa Cruz durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Junto con la ex mandataria están acusados Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex funcionario de Planificación Carlos Kirchner -primo del fallecido presidente Néstor Kirchner- y funcionarios de vialidad nacional y de Santa Cruz. La expectativa de las defensas está en demostrar que no hubo ni sobreprecios, ni favorecimiento, ni demoras, incluso en base a una auditoría que encargó el macrismo. Hay planteos en la Corte Suprema porque no se peritaron las 51 obras que se cuestionan.
