A partir de la Ley de Solidaridad Social y Emergencia Productiva sancionada por el Congreso, el Gobierno congeló por 180 días la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria con el propósito de determinar un nuevo esquema de ajuste que sea sostenible para las arcas del Estado y también de los beneficiarios que cobran la mínima. Según voceros del Gobierno, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero sostuvo en una reunión de gabinete económico que el Poder Ejecutivo otorgará un aumento por decreto con suma fija para todos los jubilados durante el mes de marzo aunque todavía no está definido el monto.
En este contexto, abogados previsionales señalaron que de no cumplirse el aumento estipulado según la ley de movilidad para marzo y junio, se podría dar una catarata de juicios. En pocas palabras, los especialistas coincidieron en que podría darse un nuevo caso Badaro. El jubilado Adolfo Badaro obtuvo sentencia en 2007 en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trata de un ex conductor de buques que percibía más de $1000 de jubilación cuando estalló la convertibilidad. Desde ese momento y hasta diciembre de 2006, recibió un sólo aumento de 11%, contra una inflación del 91,2% y una suba de los salarios de los trabajadores activos del 88,6%, según las estadísticas oficiales.
“Si no se cumple con la movilidad en el primer semestre del año va a haber miles de juicios porque ya está devengado el aumento para los jubilados y es un derecho adquirido”, remarcó Andrea Falcone, abogada previsional. Todo aquel jubilado que no cobre lo que está estipulado para marzo y junio, que totaliza un aumento del 28%, va a hacer juicio aseguró. En esa misma línea, el abogado Adrián Tróccoli, detalló que en casos de emergencia como la que sancionó el Congreso, se pueden suspender derechos al tiempo que añadió que no se puede hacerlo de forma indefinida y de manera confiscatoria. “Si bajan, por ejemplo, un 5% las jubilaciones en el marco de una emergencia, puede que no haya problemas. Pero si ajustan las jubilaciones un 20%, no importa la emergencia. Te pueden reducir un derecho, pero no eliminarlo”, señaló.
