En los pasillos del fuero penal económico se libra una batalla que excede lo jurídico y se adentra en el terreno político. El fiscal Claudio Navas Rial decidió tensar la cuerda y apeló el fallo del juez Diego Amarante, buscando que los procesamientos contra la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se endurezcan. La movida no apunta únicamente a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino, figuras centrales del poder futbolero, sino que arrastra también a Gustavo Lorenzo, Cristian Malaspina y Víctor Blanco, todos integrantes del círculo dirigencial que hoy se encuentra bajo la lupa. El trasfondo es monumental: más de 19.300 millones de pesos en aportes e impuestos que, según la investigación, fueron retenidos y depositados fuera de plazo entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Para el juez, esa conducta configuró un plan deliberado de demorar pagos y obtener ventajas financieras. Sin embargo, Amarante decidió excluir del expediente las retenciones vinculadas a la publicidad, lo que abrió un nuevo frente de disputa. Navas Rial considera que esa exclusión fragmenta la maniobra y desarma la lógica de un esquema que, a su entender, debe analizarse como una unidad indivisible. “El agravio no es la existencia del procesamiento, sino su indebida restricción”, sostuvo, marcando que los ingresos por publicidad también forman parte del régimen de seguridad social. La Cámara en lo Penal Económico será ahora el escenario donde se definirá la pulseada: allí confluirán la apelación del fiscal y las defensas de los dirigentes, que insisten en que la deuda fue cancelada, aunque fuera de término, y que las asociaciones civiles no podían ser ejecutadas en ese período por disposición oficial. El caso nació con la denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que acusó a la AFA de actuar como agente de retención sin cumplir con los plazos legales. Desde entonces, el expediente se convirtió en un tablero donde se cruzan intereses deportivos, fiscales y políticos.
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