El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, anunció la creación de un protocolo destinado a blindar el yacimiento petrolero de Vaca Muerta ante posibles bloqueos y conflictos. La medida responde a la creciente preocupación de que esta formación se convierta en un “foco de conflicto”, según lo anticipado por el director de Operativos y Despliegue Territorial, Martín Cullato. La iniciativa incluye la creación del Comando Unificado de Seguridad Productiva, una fuerza especial formada a principios de septiembre, con el objetivo de prevenir y controlar desórdenes en áreas económicas estratégicas del país, como Vaca Muerta. Este comando estará integrado por las cuatro fuerzas federales: la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En este contexto, un escuadrón antidisturbios de la Gendarmería ya fue desplegado en Añelo, la localidad neuquina que es clave para el acceso a las principales áreas del yacimiento. El nuevo protocolo surge tras un episodio reciente protagonizado por la Confederación Mapuche de Neuquén, que bloqueó el acceso a varias plantas de tratamiento de residuos industriales, exigiendo reconocimientos territoriales y un registro de comunidades. Ante la posibilidad de que estas situaciones se repitan, Cullato instó a las empresas a denunciar cualquier bloqueo en las denominadas “rutas del petróleo” y subrayó la importancia de la colaboración del sector privado para garantizar la continuidad de la producción. El plan incluye un reglamento “antibloqueo”, que será emitido próximamente, para guiar a las empresas sobre cómo proceder en estos casos. Según Cullato, “tenemos a las cuatro fuerzas federales trabajando para evitar bloqueos y ya convocamos a todas las provincias a coordinar este objetivo de seguridad productiva a nivel nacional”. La resolución 893 del Ministerio de Seguridad, que formaliza la creación del Comando Unificado, destaca la necesidad de proteger los derechos y garantías constitucionales, evitando cualquier interrupción ilegal de la producción, comercialización y distribución de bienes esenciales para la economía del país. Con estas medidas, el Gobierno busca garantizar la estabilidad de Vaca Muerta, un yacimiento clave para el desarrollo energético de Argentina, ante la posibilidad de futuros conflictos sociales.
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