El congelamiento de precios del gas y la electricidad hasta el 30 de junio de 2020 es uno de los puntos clave del proyecto ómnibus de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva” que el gobierno logró aprobar en el Congreso y promulgar. La medida diluirá la incidencia de las facturas de servicios en el presupuesto familiar, pero tiene como contraindicación un probable deterioro de la balanza comercial energética, un nuevo aumento de los subsidios, que neutralizaría al menos parte del paquete fiscal, alterando el programa de inversiones de las empresas productoras de energía y de las prestadoras de servicios, lo que podría afectar la calidad del servicio, medida en frecuencia y duración de los cortes, en particular de electricidad.
A un alto costo macroeconómico (la creciente tasa de inflación) y político (la derrota electoral de 2019) la política energética del macrismo logró reducir las fuertes brechas entre el costo y el precio de la energía. En el caso de la electricidad, la tarifa promedio que pagaba el usuario pasó de cubrir apenas el 14% del costo en diciembre de 2015 a 81% en febrero de 2019, para volver a descender desde entonces hasta 52% a fines de 2019, según un trabajo de Einstoss Tinto publicado en el último número de la revista “Proyecto Energético”, del IAE General Mosconi. El resto eran subsidios, de cada vez más alto costo fiscal.
La emergencia para el sector implica la intervención de hecho del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que habían sido integrados por concurso en 2017 y volverán a ser conducidos, al menos hasta el 30 de junio de 2020, por funcionarios designados por el Ejecutivo. Por ahora, ni en YPF, la empresa líder en exploración, producción y distribución de hidrocarburos, ni en la Secretaría de Energía hablaron claramente sobre la política energética en la nueva era.
