Se presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto para ayudar a las familias que poseen deudas “impagables”. La iniciativa fue respaldada por asociaciones que defienden los derechos de los consumidores. La propuesta en cuestión busca enmendar la Ley de Defensa del Consumidor para incorporar la figura de “sobreendeudamiento”, un estado en el que los consumidores se ven atrapados en deudas que amenazan gravemente su estabilidad financiera. Con el fin de abordar esta problemática, se propone un proceso administrativo específico que abarque la prevención, saneamiento y reestructuración de pasivos. Según explicaron los impulsores del proyecto, se considera que un consumidor se encuentra en estado de “sobreendeudamiento” cuando se le hace imposible cumplir con las obligaciones adquiridas en transacciones comerciales, lo que afecta su capacidad para acceder a bienes esenciales y pone en riesgo tanto su bienestar económico como su salud. “Es fundamental que el Gobierno provincial asuma el papel de mediador en estos casos y brinde “orientación y respaldo” a un creciente número de familias que, de lo contrario, podrían caer en un ciclo de endeudamiento que no sólo limita sus posibilidades de planificación futura, sino que también amenaza su capacidad de acceder a los elementos básicos para su supervivencia”, destacó el autor del proyecto. En caso de que la ley sea aprobada, aquellos ciudadanos que estén enfrentando problemas de sobreendeudamiento podrán dirigirse a las oficinas de Defensa del Consumidor, ya sean municipales o provinciales, para iniciar un proceso de evaluación. Este proceso seguiría los siguientes pasos: 1) Acreditación de Sobreendeudamiento: Una vez se confirme el estado de sobreendeudamiento, se activará un protocolo que involucra la citación al proveedor, la mediación entre las partes y la formulación de un acuerdo. 2) Acuerdo Personalizado: El acuerdo podría implicar reducciones de la deuda principal, períodos de gracia y planes de pago adaptados a la situación del deudor. 3) Términos y Condiciones: Los detalles del acuerdo, incluyendo montos, plazos, tasas de interés y otros aspectos relevantes, serían cuidadosamente establecidos para garantizar una relación de consumo justa y equitativa. 4) Homologación por el Estado: El acuerdo sería sometido a la aprobación del gobierno provincial y podría ser hecho valer en instancias judiciales. Mientras se espera la homologación, los plazos legales estarían suspendidos por un período de hasta 90 días, con el objetivo de evitar acciones como embargos que puedan interrumpir el proceso de negociación. El proyecto también propone fortalecer aspectos cruciales de la protección al consumidor, asegurando que se brinde información clara y completa en el momento de la contratación. Esto abarcaría condiciones, tasas de interés efectivas anuales, modalidades de pago, comisiones y demás detalles pertinentes a la transacción.
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