Según los últimos datos publicados por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, más de ocho millones de niños, niñas y adolescentes en Argentina se encuentran viviendo en condiciones de pobreza o indigencia. El informe resalta que, en 2022, el 61,6% de los niños, se encontraban por debajo de la línea de pobreza, lo que equivale a aproximadamente 8,2 millones de personas que no tienen acceso a una canasta básica completa. Dentro de este grupo, 1,6 millones de ellos viven en condiciones de indigencia, lo que representa el 13,1% de la población total de hasta 17 años, según el estudio mencionado. Además, el informe reveló que el 31,4% de la población infantil y adolescente sufre de inseguridad alimentaria. Esto se define como la reducción de la ingesta de alimentos en los últimos doce meses debido a problemas económicos, según los criterios establecidos por la UCA. Como resultado de la crisis económica, aproximadamente 4,2 millones de personas se alimentan peor que antes. Dentro de este grupo, 1,6 millones (el 12,3%) experimentan directamente el hambre. Durante el período comprendido entre 2019 y 2022, la cantidad de niños, niñas y adolescentes cubiertos por la asistencia estatal, como la Tarjeta Alimentar, aumentó en casi veinte puntos porcentuales. El informe destaca que la situación de inseguridad alimentaria es aún más grave en el Conurbano bonaerense en comparación con otros centros urbanos del país. Allí, el 15% de la población infantil y adolescente sufrió hambre en el último año. La pobreza infantil en esa región alcanza el 69,1%, y el 16,3% de los niños y niñas no tienen cubierta la canasta alimentaria, según los datos recopilados por la UCA. En cuanto al trabajo infantil y adolescente como consecuencia de la crisis económica, el informe agrega que durante el segundo semestre de 2022, aproximadamente el 9,2% de esta población se vio obligada a trabajar en el mercado laboral, principalmente en entornos urbanos, como una estrategia secundaria de supervivencia para los hogares. La incidencia del trabajo infantil y adolescente fue más alta entre los adolescentes (19,7%), los trabajadores marginales (10%) y en las áreas metropolitanas del interior del país.
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