La organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) advirtió en un crítico informe sobre los ataques y reformas del Gobierno a la Justicia. Planteó que el gobierno encabezado por Alberto Fernández y aliados, introdujeron varias reformas al sistema de Justicia que podrían socavar la independencia de los tribunales y de los fiscales. La organización además alertó que el jefe de Estado y Cristina Fernández, emplean una retórica hostil contra el Poder Judicial, el Ministerio Público y la prensa independiente”. El documento mencionó la condena de la vicepresidente por corrupción en la obra pública y la embestida permanente contra la Justicia: “La vicepresidente rechazó las alegaciones, acusó al fiscal de llevar adelante una investigación abusiva y motivada políticamente y a los jueces de ser parte de una ‘mafia’ que buscaría mantenerla alejada de la función pública”. El informe advirtió también sobre el retraso en la designación de jueces: “En 2015, la Corte Suprema concluyó que la demora en el nombramiento de jueces permanentes, que provoca que los jueces subrogantes ocupen los cargos durante años, atenta contra la independencia judicial. A septiembre de 2022 había 257 puestos vacantes en la justicia federal y nacional”. Además especificaron: “El procurador general en funciones Eduardo Casal se encuentra en calidad de interino desde 2018, ya que el Senado no logra reunir la mayoría de dos tercios requerida para nombrar a una persona para ese cargo. El Consejo de la Magistratura cambió de estructura tras un fallo de la Corte Suprema del año 2021. La sentencia establece la incorporación del presidente de la Corte Suprema como presidente del órgano y adiciona representantes del Congreso, el Colegio de Abogados, el sector académico y los jueces. El Gobierno criticó la nueva estructura e instó al Congreso a que aprobara un proyecto de ley promovido por el oficialismo para modificarla.
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