Argentina tiene un gran agujero fiscal producto de los miles de millones de dólares que destina en forma de subsidios a las empresas generadoras de energía. Finalmente, tras meses de demora, el Gobierno de Alberto Fernández inició un plan de reducción de esos aportes, uno de los compromisos que asumió en enero ante el Fondo Monetario Internacional. La idea es que la asistencia estatal no llegue a los hogares más ricos, para concentrarla en los estratos medios y bajos. La segmentación tarifaria según ingresos supondrá un ahorro de 15.000 millones de pesos (115 millones de dólares) en 2021 y 80.000 millones en 2022. El proceso se inicia con una declaración jurada que todos los usuarios deben completar por vía digital. Si los ingresos familiares superan el equivalente a 3,5 canastas básicas (unos 2.700 dólares al cambio oficial), o posean más de tres propiedades o vehículos, perderán el subsidio. El cálculo oficial es que casi un millón de personas dejarán de percibir la ayuda sólo en Buenos Aires y alrededores. La segmentación de tarifas por ingresos fue un plan ideado por el ministro de Economía Martín Guzmán, quien renunció a días de poder aplicarla, debido al rechazo del kirchnerismo y de la vicepresidente, Cristina Fernández. Darío Martínez, secretario de Energía, fue el encargado de anunciar el inicio del programa. “A partir de ahora empieza una nueva etapa con respecto a la eficiencia en la utilización de los subsidios en la Argentina. Hay una decisión de proteger a los argentinos en un mundo que no está protegiendo a sus ciudadanos. En Europa hay 400, 500 y 700 % de aumentos, cortes programados en China en muchas de sus provincias y valores récord del precio del combustible. Realidades que en Argentina no están sucediendo”, dijo Martínez en una rueda de prensa. Los subsidios a la energía en Argentina anteceden en años al escenario descrito por Martínez. Ya los aplicaba Cristina Fernández durante su gestión como dique contra la inflación. Mauricio Macri intentó reducirlos durante su gestión, pero cedió otra vez a la tentación en 2019, cuando temió que la subida del IPC y la crisis le costaran la reelección, como finalmente sucedió. En diciembre de 2019, el Gobierno de Alberto Fernández recibió una subida del IPC del 50% y las tarifas de electricidad y gas congeladas. Y así las mantuvo. La intervención se inicia cuando el Estado compra a precio de mercado a los productores y vende a precio subsidiado a las distribuidoras, que evitan así trasladar los aumentos a los hogares y empresas. El Estado cubre hoy más del 65% del costo del gas y del 70% del costo de la electricidad. Semejante esquema sale carísimo al fisco y es una de las principales fuentes de la sangría de dólares que impide al Banco Central acumular reservas y al Gobierno reducir el déficit. Sólo el año pasado, se destinaron 11.000 millones de dólares a los subsidios, una suma que este año será mucho mayor. Sólo en los primeros cinco meses de 2022, antes del inicio del invierno y con un impacto aún limitado de la guerra en Ucrania, el Estado pagó a las empresas 547.675 millones de pesos, equivalentes a 4.200 millones de dólares. Una familia de cuatro personas paga unos 20 dólares en total por sus consumos de gas y electricidad. El kirchnerismo hizo de los subsidios una política de Estado, por considerarlos redistributivos, aunque se aplicase a todos los hogares por igual, sin importar el nivel de ingresos. Los intentos de Guzmán por promover una segmentación le valieron las peores críticas de Cristina Fernández y un boicot de los cuadros kirchneristas que controlan la secretaría de Energía. La propuesta de ese sector era segmentar por ubicación geográfica, una estrategia que permitiría al Gobierno golpear o beneficiar las regiones según su orientación política, pero debieron ceder ante las urgencias de la crisis.
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