Alberto Fernández obtuvo en las últimas horas un crédito personal de 3 millones de pesos del Banco Santander y, a posteriori, realizó una transferencia al Instituto Malbrán, operación con la que quedó cerrada la causa judicial abierta en su contra por haber festejado el cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos durante la cuarentena. A comienzos de semana, el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli aceptó la oferta de donaciones por $3 millones en total que hicieron el mandatario y Yáñez para ser sobreseídos. El magistrado decidió “homologar” el acuerdo propuesto entre los imputados y la fiscalía y les dio un plazo no mayor a 10 días para completar el pago, eludir la indagatoria y una probable condena. Las donaciones tuvieron como destino la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán”. En el acta de homologación del acuerdo del primer mandatario, el magistrado de San Isidro sostuvo que no hay razones para “sostener que el ofrecimiento” sea “inadecuado desde el punto de vista de los requisitos legales”. Mirabelli remarcó que en el municipio del norte bonaerense la reparación económica fue la vía que se encontró para tramitar causas por infracción al artículo 205 del Código Penal, violación de medidas adoptadas para evitar la propagación de una epidemia. Por otro lado, un abogado denunció penalmente al juez y al fiscal que aceptaron la oferta conjunta de tres millones de pesos de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez para cerrar la causa por el festejo de un cumpleaños en la Quinta de Olivos. Adrián Bastianes, quien ya impulsó otros expedientes sobre la base de información pública, radicó la denuncia contra el juez de San Isidro, Lino Mirabelli, y también contra el fiscal federal del mismo distrito, Fernando Domínguez. Domínguez aceptó la propuesta de “reparación integral” de la pareja presidencial, consistente en el pago de 1,6 millones de pesos en el caso de Fernández y de 1,4 millones en el de Yáñez, para ser entregados al Instituto Malbrán.
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