Diputados de la Coalición Cívica presentaron ante la justicia una denuncia penal por irregularidades en la contratación de un trabajo de dragado en un tramo entre el Río Paraná y el Río de la Plata. En los hechos, acusan al embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, de hacer lobby por una empresa del país asiático. Presentada ante el juez Julián Ercolini y con las firmas de Mariana Zuvic, Paula Oliveto y Maximiliano Ferraro, es una ampliación de la denuncia presentada el 30 de marzo y que tiene relación con delitos contra la administración pública “que habrían tenido lugar durante las gestiones para la contratación del dragado de la Vía Navegable Troncal”. Allí mencionan “tráfico de influencias” y “negociaciones incompatibles con la función pública” por parte de funcionarios públicos de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado (AGPSE), que habrían terciado en favor de una de las empresas que se presentó a licitación. “En este caso, AGPSE estaría asumiendo responsabilidad en las fallas que las ofertas técnicas perdidas presentaron. Según nuestro entender, la posibilidad que brinda la normativa vinculada con el régimen de contrataciones de la administración pública para aclaraciones es muy amplia. Si de las cuatro empresas una de ellas entendió correctamente, es dudoso, cuanto menos, la equivocación de las otras”, plantean los diputados. Por ello plantean que dejar sin efecto dicha licitación por fallas de la propia AGPSE “no parece una razón suficiente ni lógica pues vulnera el derecho de los demás oferentes”, a la vez que no resuelve el problema del dragado en la ruta marítima mencionada. “Se percibe que la intención abierta es que se genere una nueva licitación con cláusulas “a medida” para que las empresas que de alguna manera presionaron, no se vean afectadas en esta primera etapa”, explica la denuncia. En el apartado número tres denominado “Aporta nuevos elementos de prueba”, los congresistas de la Coalición Cívica-ARI detallan que solicitaron un pedido de acceso a la información pública que les produjeron aún más sospechas. Una de ellas tuvo relación con que las notas de impugnación de las licitaciones no se centraron en los temas técnicos de dichas presentaciones. Agregan, además, que las impugnaciones no sólo no surtieron efecto porque no lograron modificar el dictamen original, sino que contenían serias adjetivaciones subjetivas que ocultaban el interés de generar dudas sobre muchos aspectos del proceso licitatorio. Los diputados destacan que la forma en que se encuentra redactado el párrafo, verificaría explícitamente una confusión de límites entre lo público y privado, ya que se intenta justificar su posición de interés como empresa privada (en la licitación), en base a las negociaciones de Estado entre los líderes de ambos países”, denuncian.
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