Referentes de campo salieron al cruce de la decisión del Gobierno de aumentar las retenciones para la harina y el aceite de soja y crear el Fondo de Estabilización del Trigo para controlar el precio de la harina. “El impacto es para toda la cadena agroindustrial. Es quitarle competitividad al sector que más potencial tiene en Argentina y que tiene la oportunidad, con estos mejores precios, de que el productor los reciba y aumente la producción para generar más trabajo”, señaló Luis Zubizarreta, presidente de ACSOJA (Asociación de la Cadena de Soja Argentina). El dirigente remarcó que el principal socio de la cadena sojera “es el Estado, que ya cobra un monto muy alto con las retenciones”. Y consideró que aumentar las alícuotas aún más es ir en el sentido contrario de lo que necesita el país. “Nosotros entendemos que la mejora en los precios se traduce en más dólares y poder producir más, pero lo malo es que aumentan los precios en las góndolas. Lo que está haciendo el Gobierno es armar fideicomisos o aumentar retenciones en un sector que ya tiene una mochila pesadísima”, subrayó. En la misma línea, Zubizarreta le reclamó al Gobierno cambiar la estrategia “para poder potenciar a los sectores competitivos y exportar más. Como lo hicieron Brasil y Paraguay”. Por su parte la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) rechazó la suba de derechos de exportación para la harina y el aceite de soja al 33% y consideró a la medida como “un atentado contra la industrialización de la soja en el país”, que “no tiene legalidad”. En ese sentido, interpretan que “el Poder Ejecutivo perdió las facultades delegadas del Congreso Nacional y el decreto 131/2022 debe ser refrendado por la Comisión Bicameral. Y advirtieron que “las empresas agroexportadoras están analizando todas las acciones judiciales para cuestionar el referido decreto”. El presidente de Ciara, Gustavo Idígoras, reconoció que “se debe luchar contra la inflación”, pero pidió hacerlo “sin perjudicar a las empresas y a los trabajadores como ha sido esta decisión”. Estos productos representan un tercio de las exportaciones totales de la Argentina y se encuentran en el primer y segundo lugar del ranking anual de ventas totales del país al mundo. Y desde ese sector interpretan esta medida como “una clara indicación de que el Gobierno desincentiva las exportaciones, y castiga el empleo industrial, particularmente de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires”. Apenas emitido el mensaje presidencial, el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, manifestó: “La guerra que el presidente de la Nación dice haber lanzado contra la inflación, se parece más a una batalla contra la producción. Se anuncian medidas que no solucionan ninguno de los problemas existentes, sino que continúan enviando pésimas señales al sector. La inflación en los alimentos se combate con más oferta y estas medidas no van en esa línea”. Al respecto, recordó que desde la entidad presentaron un amparo por la “inconstitucionalidad e ilegalidad” de las retenciones. “Sabemos que, sin facultades delegadas, el Gobierno no puede tocar ninguna alícuota sin ir en contra de nuestra Constitución Nacional. Todo impuesto tiene que tener un sustento legal para poder cobrarse, necesitamos un orden institucional”.
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