Alberto Fernández y Martín Guzmán lanzan desde Tucumán un paquete de medidas antiinflacionarias que podrían incluir la aplicación de la Ley de Abastecimiento, que permite la intervención del Estado en la administración de empresas que no cumplan con otras medidas que anunciará el Gobierno para contener la inflación, como son los programas de Precios Cuidados, Precios Máximos e incluyen fuertes multas y clausuras a los que especulen con el aumento de precios o no cumplan en garantizar el abastecimiento de alimentos y productos esenciales para el consumo interno. Así lo confirmó la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, al ser consultada sobre qué medidas tiene previsto anunciar Alberto Fernández, para según sus propias palabras: “Empezar la guerra contra la inflación”. Cerruti blanqueó por primera vez públicamente, que el diálogo entre el mandatario y la vice está cortado, al reconocer que Cristina Fernández no le respondió a sus mensajes de WhatsApp cuando el jueves pasado Alberto Fernández le escribió para solidarizarse tras el ataque al despacho de la presidenta del Senado mientras se debatía en Diputados el acuerdo con el FMI. “La gobernabilidad no está en juego”, respondió Cerruti pero evitó referirse al rechazo expresado por el ex jefe del bloque de diputados, Máximo Kirchner y la vicepresidente al plan económico que acordó el ministro de Economía, Martín Guzmán en el marco del Plan de Facilidades Extendidas para refinanciar la deuda con el FMI. Sin embargo, la Casa Rosada apeló a que el Senado apruebe el acuerdo con el FMI más allá de las diferencias internas en la coalición de Gobierno en ese tema, y relativizó el rechazo del kirchnerismo al acuerdo, al señalar que las diferencias políticas sobre una ley, no generarán una ruptura en la coalición de Gobierno, sino que podrán “seguir trabajando de forma armoniosa en otros temas centrales”. Cerruti confirmó que pese a las críticas kirchneristas al plan económico acordado con el FMI, “no se está pensando en ningún cambio de gabinete en las próximas semanas”. Consultada sobre la posible aplicación de la ley de abastecimiento, la vocera del Gobierno admitió que “todas las medidas para hacer frenar el aumento de los precios están en estudio, por lo cual también está en estudio si es necesario en su momento, ante una emergencia, la aplicación de todas las medidas que tenemos a disposición”. Esa ley fue sancionada en 1974, durante el último Gobierno de Juan Perón y fue modificada en 2014: faculta al Estado Nacional a intervenir en los mercados para fijar precios y márgenes de utilidad cuando lo considere necesario. También le permite aplicar sanciones, suspender comercios y realizar allanamientos y procedimientos en establecimientos industriales sin orden judicial. Además, permite al Estado intervenir temporalmente industrias y mantener la continuidad de la producción para garantizar el abastecimiento de productos.
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