Quedó revocado el nuevo “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE)” que ya había sido publicado en el Boletín Oficial.
Técnicos del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley, trabajaron en el texto revocatorio de la resolución elaborada por la Secretaría de Gobierno de Salud. La decisión apuntaría a “la falta de intervención de los organismos con competencia en materia de niñez y adolescencia, discapacidad y mujer”. Estos tres organismos presentaron notas al ministerio solicitando la intervención en el proceso.
La actualización del Protocolo impulsada por la Secretaría de Salud, se adecuó a “normativas internacionales”, para garantizar y no obstruir el derecho a interrumpir un embarazo cuando ponga en riesgo la vida de la embarazada o si fue víctima de una violación, donde prima la voluntad a partir de los 13 años.
La normativa 3158/2019 se confeccionó “teniendo en cuenta las dos ediciones de la ‘Guía Técnica para la Atención Integral de Abortos No Punibles’ de 2007 y 2010”.
“La actualización del Protocolo responde, también, a la necesidad de renovar las recomendaciones internacionales acerca de los procedimientos para la ILE (dosis de medicamentos y AMEU-Aspiración Manual Endouterina) y reforzar la importancia del acceso rápido a la atención integral y a la práctica, haciendo hincapié en la atención en el primer nivel y los tratamientos con medicamentos”, remarcó la resolución.
