El arranque de la campaña legislativa en Rusia quedó marcado por un episodio que expone la fragilidad del espacio opositor: la detención de Borís Nadezhdin, exaspirante presidencial y crítico del Kremlin. El dirigente, de 63 años, fue conducido a una comisaría en las horas previas al primer acto electoral de Vladímir Putin, en un gesto que muchos interpretan como un intento de blindar al oficialismo frente a la caída en los sondeos de Rusia Unida. Aunque Nadezhdin recuperó la libertad poco después, el mensaje político quedó instalado. Antiguo aliado del asesinado Borís Nemtsov y uno de los pocos que acompañó el funeral de Alexéi Navalni, Nadezhdin denunció que se le imputan cargos de “extremismo” por haber compartido en 2023 un enlace con una imagen del líder opositor fallecido. El Ministerio de Justicia lo declaró “agente extranjero” días atrás, una categoría que, según la nueva legislación, lo inhabilita para competir en las elecciones del 20 de septiembre. “No he cometido el acto del que se me acusa”, escribió en Telegram, comparando su estigmatización con la etiqueta de “enemigo del pueblo” en la era soviética. La policía, citada por la agencia TASS, advirtió que podría enfrentar hasta 15 días de arresto, lo que lo excluiría definitivamente de la carrera parlamentaria. Nadezhdin acusó al Kremlin de maniobrar para “eliminar a los rivales más incómodos” y garantizar un resultado favorable al oficialismo. Mientras tanto, Putin se presentó en el foro patriótico Todo por la victoria, rodeado de militares y sus familias, proclamando que Rusia “siempre supera las dificultades” y que el país seguirá “avanzando sin miedo”. El discurso coincidió con la aprobación de las listas de once partidos por la Comisión Electoral Central. El contexto, sin embargo, es adverso para Rusia Unida: la guerra prolongada, la crisis económica, la inflación y los ataques ucranianos contra refinerías han erosionado su popularidad. Encuestas independientes sitúan al partido apenas por encima del 20 % de intención de voto, mientras los sondeos oficiales le otorgan cifras superiores al 30 %. En paralelo, Yábloko, la única fuerza opositora legal, enfrenta obstáculos para superar el umbral del 5 %, con varios de sus candidatos perseguidos por su postura pacifista.
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