El oficialismo celebró la reforma de la ley de Glaciares como si fuera un campeonato y, con ella, la promesa de 165.000 millones de dólares en inversiones mineras. El ministro Caputo sonríe, pero detrás de esa cifra se esconde la primera paradoja: un gobierno que se proclama defensor de la naturaleza, pero que abre la puerta a la explotación intensiva de los hielos eternos. Con ese trofeo en la vitrina, La Libertad Avanza se lanza a la cacería de reformas. El Tratado de Patentes con Estados Unidos aparece como la pieza de obediencia internacional: Washington pide, la Casa Rosada cumple. El proyecto “Hojarascas” de Sturzenegger, en tanto, promete barrer setenta normas “obsoletas”, aunque nadie explica por qué las viejas regulaciones son más dañinas que la improvisación permanente. La joya de la corona es la reforma política. Milei y los suyos insisten en que las PASO deben morir, no suspenderse. “El electorado ya lo legitimó”, repiten, como si la democracia fuera un cheque en blanco. El problema es que los votos para semejante cirugía todavía no están garantizados, y los aliados peronistas miran con recelo. En paralelo, Mahiques prepara un Código Penal de mano dura, con figuras delictivas que parecen sacadas de un noticiero policial: “motochorros”, “viudas negras”, “fraudes piramidales”. La consigna es clara: más castigo, menos garantías. El Senado, por su parte, se convierte en un tablero de nepotismo: hijos, esposas y secretarias de jueces se acomodan en pliegos judiciales como si la justicia fuera un club privado. La agenda militar y diplomática completa el cuadro: embajadas, ascensos y nombramientos que refuerzan la idea de que el poder se reparte entre amigos y leales. El único traspié es el caso Monetto, el subjefe de la Fuerza Aérea, frenado por denuncias de encubrimiento. Un recordatorio incómodo de que no todo puede maquillarse con discursos libertarios. La semana próxima, la mesa política se reunirá con nombres de peso: Karina Milei, Caputo, Bullrich, Menem. Allí se definirá el ritmo de una ofensiva que busca consolidar poder y preparar la campaña. La pregunta que queda flotando es si tanta velocidad en la desregulación no terminará chocando contra la resistencia de un Congreso que, aunque debilitado, todavía conserva resortes de negociación.
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