En el Palacio Legislativo se abrió un nuevo capítulo de tensión política. La Comisión de Juicio Político, paralizada durante meses, volvió a ponerse en marcha bajo la conducción de la diputada libertaria Lilia Lemoine. Su designación no es un detalle menor: con ella, el oficialismo asegura el control de la agenda en un terreno donde se juegan las acusaciones más delicadas contra el presidente y su gabinete. La mesa quedó conformada con Guillermo Snopek, de Unión por la Patria en la vicepresidencia, y los oficialistas Sebastián Pareja y Nicolás Emma como secretarios. El resto de los cargos se repartió entre Unión por la Patria y otras fuerzas, pero la llave de las decisiones quedó en manos del bloque libertario. Lemoine asumió con un tono desafiante: “Del otro lado hay deseos destituyentes”, lanzó, acusando a la oposición de conspirar contra Javier Milei con apoyo mediático. Snopek, en contraste, prometió que su espacio buscará “hacer cumplir la Constitución”. La izquierda, por su parte, no perdió tiempo: Néstor Pitrola y Romina del Pla exigieron que se trate de inmediato un nuevo pedido de juicio político contra Milei, presentado por el Partido Obrero. En su escrito hablan de “hechos gravísimos”, desde la polémica criptomoneda LIBRA hasta el incumplimiento de leyes de financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad. La comisión es el escenario donde se analizan las pruebas y se dictaminan acusaciones contra el presidente, ministros y jueces de la Corte. Para que un proceso avance, se requiere el voto de dos tercios en Diputados y luego en el Senado. Pero el oficialismo cuenta con un tercio propio que le permite bloquear cualquier intento. Ya hay varios expedientes en espera: iniciativas de UxP contra Milei por su política exterior, pedidos contra ministros como Mario Lugones y hasta un expediente anterior contra Mariano Cúneo Libarona. Con la llegada de Lemoine, todos esos casos dependen ahora de la voluntad libertaria. Claramente la oposición multiplica denuncias, pero el oficialismo, con mayoría en la comisión y un tercio blindado en el recinto, se asegura que ningún juicio político prospere sin su consentimiento. La batalla se traslada al terreno simbólico: mientras unos hablan de “defender la Constitución”, otros denuncian “conspiraciones destituyentes”. El tablero está armado, y la disputa promete convertirse en uno de los ejes centrales de la vida parlamentaria en 2026.
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