En la trama política bonaerense, el aumento de la luz se inscribe como un nuevo capítulo en la saga de tarifas que golpea al bolsillo ciudadano. Tras la suba del gas, el transporte y la educación privada, este martes el gobierno provincial oficializó la Resolución 173/26 que redefine los cuadros tarifarios de las distribuidoras EDELAP, EDEN, EDES, EDEA y las cooperativas eléctricas. El anuncio, lejos de ser técnico, se convierte en un gesto político: la energía eléctrica será más cara desde mañana en todo el territorio bonaerense, con impacto diferenciado entre el conurbano y el interior. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos anticipó que el ajuste promedio rondará el 1,3% en las facturas residenciales y se reflejará en los consumos de abril. En números concretos, un hogar sin subsidio que venía pagando alrededor de 54 mil pesos mensuales verá una reducción leve a $52.650, mientras que quienes cuentan con subsidio pasarán de $33.000 a $33.700. La paradoja es evidente: el aumento se anuncia en clave de “ajuste mínimo”, pero la narrativa política se centra en la continuidad de un sendero de incrementos que tensiona la relación entre Estado y ciudadanía. El Área Metropolitana de Buenos Aires no queda al margen. Allí, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) oficializó las resoluciones 197/26 y 198/26, que fijan subas en EDENOR y EDESUR. Para la categoría residencial R1 sin subsidio, el cargo fijo se incrementa un 2% respecto de marzo, mientras que el cargo variable apenas se mueve: 0,6% en EDENOR y 0,3% en EDESUR. Un ajuste que, aunque leve en los papeles, se suma a la sensación de que la energía se convierte en terreno de disputa política y social.
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