La Casa Rosada definió el menú legislativo que marcará el inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso. Los proyectos abarcan desde reformas en materia de discapacidad hasta cambios en el Código Penal y regulaciones sobre propiedad privada. Con esa hoja de ruta, el ministro del Interior, Diego Santilli, se prepara para relanzar su ronda de conversaciones con los gobernadores, un mecanismo que el Ejecutivo considera clave para blindar apoyos en votaciones sensibles. El Gobierno apuesta a reeditar la fórmula que ya le dio resultados: recorridas por las provincias, encuentros cara a cara y compromisos políticos antes de que los proyectos lleguen al recinto. En el Gobierno sostienen que ese vínculo directo con los mandatarios fue decisivo para ordenar debates complejos y evitar sorpresas en el Congreso. La agenda de reclamos provinciales vuelve a estar sobre la mesa: obra pública, distribución de los Aportes del Tesoro Nacional, transferencias de recursos federales y deudas previsionales. Sin embargo, el Ministerio de Economía mantiene un límite infranqueable: preservar el superávit fiscal. Ese criterio funciona como filtro para cualquier negociación. El mapa político también condiciona las conversaciones. Las provincias gobernadas por el peronismo duro, Buenos Aires, La Rioja, Formosa y Tierra del Fuego, permanecen fuera del esquema de diálogo, mientras que el Ejecutivo concentra sus esfuerzos en mandatarios aliados o con disposición a negociar. La reciente presencia de once gobernadores en la “Argentina Week” en Nueva York es leída en la Casa Rosada como señal de que aún existe margen para construir acuerdos, incluso en medio de tensiones por recursos. En definitiva, Santilli se consolida como el operador político del oficialismo en el territorio. Su tarea no sólo busca garantizar votos en el Congreso, sino también anticipar conflictos y ordenar la discusión en un escenario donde cada negociación provincial puede definir el rumbo de la agenda legislativa.
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