La reciente aplicación de la denominada Ley de Inocencia Fiscal, promovida por el Poder Ejecutivo, abrió un nuevo capítulo en la relación entre política y justicia. El empresario ligado al kirchnerismo, Lázaro Báez, junto a sus hijos y otros once imputados, obtuvo un sobreseimiento parcial en el expediente que investigaba la evasión tributaria de Austral Construcciones. El caso giraba en torno al incumplimiento del pago de IVA, Ganancias y la tasa prevista en el artículo 37 de la normativa vigente, durante los períodos fiscales 2010-2014. La magnitud de la evasión, considerada millonaria, quedó relativizada tras la reforma legal: la nueva ley elevó los umbrales de punibilidad de $1,5 millones a $100 millones en casos simples, y de $15 millones a $1000 millones en los agravados. Esa modificación permitió a las defensas argumentar que los montos en cuestión no alcanzaban el nuevo piso. El fiscal general Diego Velasco rechazó esa interpretación, advirtiendo que la norma sólo actualiza valores para compensar la depreciación monetaria y reclamó avanzar hacia el juicio oral. En contraste, el representante de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Nicolás Dertinopulos, sostuvo que no se opondría si las cifras quedaban por debajo del umbral, aunque subrayó la vigencia de la acción penal en los períodos con montos superiores. El Tribunal Oral Económico Nº 3, integrado por Fernando Machado Pelloni, Karina Perilli y Jorge Zabala, resolvió el sobreseimiento parcial de Báez y sus hijos Martín y Luciana, y el total de Leandro Báez, aplicando el principio de retroactividad de la ley más benigna. La jueza Perilli citó el mensaje oficial que acompañó el proyecto: “Racionalizar la normativa penal tributaria vigente con el fin de ordenar el ejercicio del poder punitivo” y “castigar de manera proporcional aquellas conductas que impliquen un perjuicio real y significativo a la hacienda pública”. La decisión judicial, amparada en la nueva legislación, no sólo impacta en la situación procesal de Báez y su entorno, sino que también reaviva el debate político sobre el alcance de las reformas impulsadas por el Gobierno en materia penal tributaria. Para la oposición, la medida representa un alivio a figuras vinculadas al poder; para el oficialismo, un paso hacia la modernización del sistema y la proporcionalidad en las sanciones.
Compartir
