En los pasillos del Congreso, la pulseada por la Ley de Glaciares se transformó en una crónica política de alto voltaje. La Libertad Avanza tomó la iniciativa y puso en marcha el engranaje parlamentario para revisar la norma que protege los glaciares y el ambiente periglacial. El tablero se movió primero en las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, bajo la conducción de José Peluc y Nicolás Mayoraz, con cada jugada calibrada desde la Casa Rosada. La oposición, lejos de quedar al margen, buscó marcar territorio. Juan Brügge, de la Democracia Cristiana, reclamó audiencias públicas con especialistas y universidades, advirtiendo sobre el impacto de la minería en el sistema hídrico. Desde Provincias Unidas, María Inés Zigarán insistió en federalizar el debate y llevarlo a cada región glaciológica definida por el IANIGLA. El oficialismo concedió parcialmente: habrá dos jornadas de audiencias, el 25 y 26 de marzo, con participación presencial y remota, pero siempre bajo el techo del Congreso. Gabriela Flores, diputada libertaria por Salta, defendió la estrategia oficial: “Incorporamos pedidos de la oposición, vamos a trabajar fuerte para que la ley salga como corresponde”. La inscripción ya está abierta y se cerrará el 20 de marzo, con plazos diferenciados para quienes se anoten en persona o vía Zoom. El expediente 0072-S-2026 será el eje de las exposiciones, en un debate que promete tensiones jurídicas, ambientales y políticas. La crónica deja ver un escenario donde oficialismo y oposición se miden con gestos de apertura y límites claros. El telón de fondo: la disputa entre desarrollo minero y protección ambiental, un dilema que vuelve a poner a los glaciares en el centro de la política argentina.
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