El oficialismo tuvo que dar marcha atrás y borrar el artículo 44 de la reforma laboral, acorralado por la resistencia de sus propios aliados. La cláusula que pretendía recortar licencias médicas se convirtió en un boomerang político: lejos de fortalecer la iniciativa, expuso la fragilidad de la mayoría que sostiene al Ejecutivo en el Congreso. La retirada del artículo no fue un gesto de diálogo, sino una concesión forzada. Hacemos Coalición Federal marcó la cancha y dejó claro que sin cambios no habría acompañamiento. El Gobierno, consciente de que podía naufragar en Diputados, optó por sacrificar un punto clave para salvar el resto del paquete. La maniobra revela un oficialismo que negocia desde la debilidad y que corre contra reloj para evitar un nuevo traspié legislativo. El intento de limitar las licencias médicas desató un frente de conflicto que el Ejecutivo no supo administrar. Legisladores dialoguistas denunciaron un atropello a derechos adquiridos, mientras sindicatos y asociaciones médicas encendieron las alarmas. La CGT fue contundente: cualquier recorte en las licencias es “un ataque a conquistas históricas”. La presión gremial, sumada al rechazo político, terminó por dinamitar la estrategia oficial. La Casa Rosada insiste en que la reforma laboral sigue en pie, pero el retroceso es evidente. El discurso de “modernización” y “flexibilidad” quedó golpeado por la necesidad de ceder ante aliados que no toleraron un avance sobre derechos básicos. El retiro del artículo es, en los hechos, una derrota política disfrazada de pragmatismo. El desenlace de la sesión en Diputados será la verdadera prueba: el Gobierno depende de acuerdos frágiles y de socios coyunturales que ya demostraron que no dudan en imponer condiciones. Cada voto será una pulseada y cada concesión, un recordatorio de que la mayoría oficialista es más una ilusión que una realidad.
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