La Argentina atraviesa un momento incómodo en el tablero internacional de la corrupción. El último informe de Transparencia Internacional reveló que el país descendió cinco escalones en el índice de percepción: del puesto 99 en 2024 al 104 en 2025, con apenas 36 puntos sobre 100. En el mapa global, la ubicación es aún más desfavorable: el lugar 106 entre 182 naciones, en pleno segundo año de gestión de Javier Milei. El retroceso se conoció en paralelo a episodios que alimentan la desconfianza pública. El procesamiento del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, por presuntas irregularidades en la administración de fondos; el caso Libra; y la salida de Demian Reidel de Nucleoeléctrica Argentina bajo sospechas de sobreprecios, conforman un cuadro que golpea la credibilidad oficial. La advertencia de la organización es clara: las investigaciones sobre el manejo de recursos destinados a medicamentos para personas con discapacidad exponen riesgos graves para sectores vulnerables. En este escenario, Argentina comparte posición con Belice y Ucrania, apenas por encima de Zambia, Lesoto, Gambia y República Dominicana. En el continente americano, la foto tampoco favorece. Argentina ocupa el puesto 19 de 33 países, muy lejos de Canadá (75 puntos, puesto 16) y Uruguay (73 puntos, puesto 17). En el extremo opuesto, Nicaragua y Venezuela cierran la tabla con las peores calificaciones. Las voces críticas no tardaron en hacerse oír. Martín D’Alessandro, presidente de Poder Ciudadano, subrayó que el desarrollo económico y social no se construye con discursos vacíos ni con la negación de los problemas, sino con políticas sostenidas y coherentes. Pablo Secchi, director ejecutivo de la misma organización, fue aún más tajante: denunció la “ausencia total de interés” del Gobierno en impulsar medidas anticorrupción y recordó que en dos años no se implementaron acciones concretas para prevenir y sancionar prácticas ilícitas. El análisis deja en evidencia un dilema central: mientras los indicadores internacionales marcan un deterioro, las respuestas oficiales parecen insuficientes. La transparencia, convertida en deuda pendiente, se instala como uno de los desafíos más urgentes para la administración actual.
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