El tablero parlamentario se reacomodó en las últimas horas: el oficialismo decidió retirar la iniciativa que pretendía bajar la edad de imputabilidad a los 13 años y, en su lugar, resolvió desempolvar el expediente enviado por el Poder Ejecutivo en 2024. Ese texto fija el umbral en los 14 años, una cifra que coincide con la postura de los bloques aliados y que, en definitiva, terminó marcando el rumbo del debate. La convocatoria a sesión especial en Diputados lleva la firma de Gabriel Bornoroni, jefe de La Libertad Avanza, y tendrá como eje el Régimen Penal Juvenil. El temario oficial incluye el expediente correspondiente al Mensaje 46 del Ejecutivo, junto con una batería de proyectos de distintas fuerzas políticas que buscan reformar el sistema de responsabilidad penal de menores. El viraje estratégico del oficialismo no fue casual: las negociaciones internas dejaron en claro que no había respaldo suficiente para sostener el piso de 13 años. Las conversaciones con los aliados siempre estuvieron condicionadas a los 14, y esa línea terminó imponiéndose como condición para avanzar. Así, el Gobierno optó por no insistir con un nuevo texto y se inclinó por retomar el expediente del año pasado, aún sin dictamen de comisión. La lista de iniciativas a tratar es amplia: desde propuestas que regulan la responsabilidad penal de jóvenes entre 14 y 18 años, hasta proyectos que plantean modificaciones parciales a la ley 22.278 o directamente su derogación para dar lugar a un nuevo sistema. También aparecen planteos que buscan ajustar el Código Penal en materia de punibilidad de menores, todos reunidos bajo el paraguas del debate sobre el Régimen Penal Juvenil. Los aliados remarcaron que el entendimiento político siempre contempló los 14 años como edad mínima, y que esa definición fue aceptada por el oficialismo para ordenar la discusión en el recinto. En paralelo, voceros del Gobierno explicaron que la retirada del texto más reciente respondió a cuestiones administrativas y recordaron que el proyecto de 2024 ya incluía previsiones presupuestarias para su implementación. A diferencia de la iniciativa descartada, que preveía un financiamiento superior a los 23 mil millones de pesos, el expediente vigente establece que los gastos se cubrirán con las partidas de cada presupuesto anual, con facultades para que el jefe de Gabinete reasigne recursos en el año de entrada en vigencia de la norma.
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