Tras la salida de Marco Lavagna de la conducción del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el PRO salió con dureza a cuestionar al Gobierno nacional y encendió un nuevo frente de conflicto político. La renuncia se produjo en un contexto sensible, marcado por la postergación de la implementación del nuevo índice de inflación. Desde la Ciudad de Buenos Aires, la legisladora porteña Laura Alonso, referente del PRO y cercana al jefe de Gobierno Jorge Macri, utilizó sus redes sociales para subrayar la importancia estratégica del organismo estadístico. “La fortaleza institucional del INDEC es clave para sostener la credibilidad ante la sociedad y los mercados”, afirmó, al tiempo que recordó las consecuencias que, según su visión, dejó el kirchnerismo sobre el sistema estadístico nacional y la necesidad de preservar los avances logrados desde 2016. La salida de Lavagna se dio en medio de un proceso de cambios técnicos de alto impacto, tensiones internas por la producción de datos sectoriales y una transición metodológica que llevaba años de preparación, lo que amplificó el impacto político de la decisión. Este episodio se inscribe, además, en un clima de creciente fricción entre la Nación y la Ciudad. La tensión se profundizó tras una publicación del Ministerio de Justicia que comparó la carga del impuesto automotor en distintas jurisdicciones y ubicó a la Ciudad de Buenos Aires como el distrito más caro para registrar un vehículo cero kilómetros. Según ese informe, la alícuota porteña alcanza hasta el 6%, por encima de la provincia de Buenos Aires (4,7%) y Tierra del Fuego (4%). Desde Nación defendieron el esquema nacional, asegurando que la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor elabora una tabla de valuaciones con “valores reales y transparentes de mercado”, y cuestionaron a aquellas jurisdicciones que no adoptaron ese criterio. En ese marco, apuntaron directamente contra la Ciudad, a la que acusaron de aplicar una valuación más elevada que perjudica a los contribuyentes. El Gobierno porteño rechazó esas afirmaciones y las calificó como falsas. Sostuvo que la alícuota promedio ponderada en la Ciudad es del 2,5% y no del 6%, y enmarcó la discusión en el malestar creciente de los vecinos, que comenzaron a recibir boletas de patentes con incrementos superiores al 100% interanual. Frente a los reclamos, el Ejecutivo local anunció el envío de un proyecto de ley a la Legislatura para poner un límite a los aumentos: una vez aprobado, los incrementos no podrán superar el 31,5%, en línea con la inflación prevista para 2025. Además, se resolvió prorrogar los vencimientos de la primera cuota del impuesto automotor.
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