El presidente Javier Milei firmará el decreto que habilita una actualización de los salarios para los principales cargos del Poder Ejecutivo, con una decisión política central: la vicepresidenta Victoria Villarruel no será alcanzada por la medida y su remuneración continuará congelada sin plazo definido. La norma será publicada en el Boletín Oficial. Según fuentes oficiales, la disposición incluye a ministros, secretarios y subsecretarios, luego de casi dos años sin ajustes en los haberes jerárquicos. En el Gobierno reconocen que la licuación salarial fue significativa: calculan que, desde diciembre de 2023, la pérdida de poder adquisitivo ronda el 60%, en un contexto marcado por una inflación acumulada del 117,8% durante 2024 y un IPC que suma 27,9% en lo que va de 2025 hasta noviembre. En Balcarce 50 subrayan que la recomposición no implicará privilegios ni esquemas excepcionales. El aumento, explican, se mantendrá en línea con los porcentajes otorgados al resto de la administración pública nacional a través de las paritarias del SINEP y no superará esos parámetros. La exclusión de Villarruel responde, de acuerdo con el núcleo duro del oficialismo, a un criterio institucional: se trata de un cargo electivo y no de una función técnica dentro de la estructura administrativa. La decisión se inscribe además en un vínculo político deteriorado entre el presidente y su vice, que se profundizó durante 2025 a partir de diferencias en la agenda, la exposición mediática y las disputas internas. Puertas adentro, el Ejecutivo admite que el congelamiento salarial impactó en la gestión cotidiana. Las dificultades para sostener equipos técnicos, cubrir puestos clave y retener perfiles especializados se agravaron por la creciente brecha entre los ingresos del sector público y el privado. Las tensiones internas por este tema atravesaron buena parte de 2025, con reclamos directos al presidente para habilitar la firma del decreto. Sin embargo, la conducción política optó por postergar la decisión para evitar costos electorales antes de los comicios de octubre y dejó su implementación para el inicio del nuevo año. La letra final del decreto fue consensuada entre la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación). En la Casa Rosada recuerdan que el último intento de avanzar con una suba similar terminó con la marcha atrás de la medida y la salida de un funcionario clave, antecedente que explica la cautela con la que se cerró esta vez la decisión.
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