El Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) ordenó la detención del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ratificó su condena a cuatro años de prisión por defraudación al Estado en el marco de la causa por la tragedia de Once, ocurrida en 2012 y que dejó 51 muertos y más de 700 heridos. De Vido, quien fuera uno de los principales funcionarios del kirchnerismo, deberá presentarse en los tribunales de Comodoro Py para hacer efectiva su detención. Debido a que tiene más de 75 años, se espera que su defensa evalúe pedir el beneficio de prisión domiciliaria. Más temprano, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon inadmisibles los recursos presentados por la defensa y por el Ministerio Público Fiscal, invocando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, lo que dejó firme la condena e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La causa se remonta a diciembre de 2015, cuando el Tribunal Oral Federal 2 condenó al maquinista Marcos Córdoba, a exdirectivos de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) y a los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. La investigación concluyó que el siniestro fue consecuencia del deficiente mantenimiento de las formaciones, pese a los subsidios estatales recibidos, y de una conducción imprudente. En 2018, el TOF 4 condenó a De Vido a cinco años y ocho meses de prisión por fraude al Estado, al considerar que no ejerció el control debido sobre los fondos públicos destinados a la empresa concesionaria, aunque fue absuelto del delito de estrago culposo, que lo vinculaba directamente al accidente. Los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez señalaron una “cadena de responsabilidades” que incluía al exministro y advirtieron sobre la falta de supervisión ministerial frente a reiteradas alertas sobre el deterioro del sistema ferroviario. La Cámara Federal de Casación Penal ratificó luego la condena, pero tanto la defensa como la fiscalía recurrieron ante la Corte. En 2024, el máximo tribunal confirmó la culpabilidad de De Vido por defraudación, pero ordenó revisar la pena, decisión que dividió al cuerpo. Los jueces Rosenkrantz, Lorenzetti y el conjuez Mariano Borinsky conformaron la mayoría, mientras que Horacio Rosatti y Marina Cossio votaron en disidencia. Finalmente, en abril de 2025, Casación estableció la pena definitiva en cuatro años de prisión, resolución que ahora quedó firme con la intervención de la Corte Suprema. Con ello, el planteo de prescripción presentado por la defensa fue descartado, y se activó la orden de detención.
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