El Gobierno nacional oficializó un nuevo protocolo que autoriza a las fuerzas federales a desplegar agentes encubiertos digitales, con el objetivo de reforzar la lucha contra delitos complejos cometidos a través de internet. La medida, impulsada por el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, fue publicada en el Boletín Oficial bajo el nombre “Protocolo para la Designación y Actuación de Agentes Encubiertos Digitales y Agentes Reveladores Digitales”. El eje central de la iniciativa es la utilización de identidades ficticias y perfiles falsos en redes sociales y otras plataformas online para tareas de investigación. Desde la cartera de Seguridad justificaron la decisión en el avance del crimen organizado sobre el ámbito digital. “Hoy en día las organizaciones criminales operan cada vez más a través del ciberespacio, por lo que los agentes encubiertos y reveladores deben intervenir en innumerables delitos”, afirmaron. El protocolo apunta principalmente a delitos como la distribución de material de abuso sexual infantil, narcotráfico y terrorismo, entre otros. Las operaciones de estos agentes deberán contar con autorización judicial, conforme a lo establecido por la Ley 27.319, que regula técnicas especiales de investigación. Una de las principales novedades es la creación de un “Registro de Avatares”, que organizará y planificará la utilización de identidades ficticias diseñadas para interactuar en investigaciones penales en curso. Este protocolo se suma a otras medidas de Bullrich en materia de seguridad digital, como la habilitación de los “ciber patrullajes” mediante la resolución 428/2024 y la puesta en marcha de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad para integrar nuevas tecnologías en la prevención del delito. Además, se creará un Consejo Académico Asesor ad honorem que capacitará a los agentes encubiertos digitales. Este cuerpo estará compuesto por jueces, fiscales, funcionarios del ministerio y oficiales de alta jerarquía. Su presidente será el juez federal Ricardo Basílico, reconocido profesor de derecho penal, derechos humanos y criminología. “El Consejo establecerá pautas y contenidos de formación para maximizar la eficiencia de las investigaciones judiciales y reducir los riesgos de los agentes frente a organizaciones criminales”, detalla la resolución. Con esta iniciativa, el Gobierno busca fortalecer las herramientas de investigación frente a delitos complejos que, cada vez más, encuentran en internet un espacio para operar.
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