La Fiscalía de Bolivia abrió una investigación penal contra el expresidente Evo Morales, acusado por el gobierno de delitos como terrorismo, instigación pública a delinquir y atentados contra la seguridad de los servicios públicos. La medida fue confirmada por el fiscal general Roger Mariaca, quien explicó que “se ha determinado admitir esta denuncia” y que se activarán “todos los mecanismos de investigación” para esclarecer los hechos. La denuncia fue impulsada por el Ministerio de Justicia, tras la difusión de un video en el que se escucha presuntamente a Morales instruyendo a un seguidor a bloquear carreteras. La grabación fue difundida por un dirigente cercano al exmandatario y sirvió de base para abrir el expediente. El delito de terrorismo, el más grave entre los imputados, contempla penas de entre 15 y 20 años de prisión. Desde su refugio en la región del Chapare, donde permanece desde octubre bajo una orden de detención por un caso de trata de menores, Morales negó la veracidad de la grabación y acusó al gobierno de Luis Arce de “montar casos” para desprestigiarlo políticamente. “Lamentablemente acuden a la inteligencia artificial, como en el año 2019, usan falsos perfiles para decir que Evo hace llamados a bloqueos”, sostuvo el senador Leonardo Loza, estrecho colaborador del exmandatario. Esta no es la primera vez que Morales enfrenta acusaciones similares. En 2019, durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, también se lo denunció por terrorismo tras la difusión de otro audio. Aquella causa no prosperó judicialmente. El conflicto político se da en un contexto de creciente tensión social. Desde hace ocho días, decenas de bloqueos paralizan el centro del país, especialmente en Cochabamba, bastión político de Morales. Según la estatal Administradora Boliviana de Carreteras, se registraron 28 puntos de bloqueo en todo el país. Los sectores movilizados exigen la renuncia del presidente Arce, a quien acusan de manipular a la justicia y al tribunal electoral para impedir la candidatura de Morales en las elecciones del próximo 17 de agosto. Arce, por su parte, acusa a su exaliado político de alentar las protestas con el objetivo de forzar su habilitación electoral, pese a que un fallo judicial limita la reelección presidencial a una sola vez.
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