Luego del fuerte temporal que azotó a gran parte del conurbano bonaerense, provocando más de 100 evacuados, anegamientos, caída de árboles y postes, se reactivó el debate sobre la falta de inversión en infraestructura hidráulica y el impacto de la parálisis de la obra pública nacional. Entre los municipios más afectados se encuentran Merlo, La Matanza, Zárate, Luján, Lomas de Zamora y Moreno. En este último, el acumulado de agua alcanzó los 112 milímetros en menos de 24 horas. Desde el municipio, conducido por Mariel Fernández, se desplegaron operativos de emergencia, limpieza y asistencia a vecinos. Defensa Civil informó que recibió más de 450 llamadas de emergencia. Frente al panorama, el gobierno bonaerense activó un Comando de Incidencias con base en el Centro Operativo de Puente 12, en La Matanza, encabezado por el ministro de Seguridad, Javier Alonso. El gobernador Axel Kicillof monitorea la situación y mantiene comunicación constante con las autoridades locales. El Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta naranja para varios distritos del centro y noroeste de la provincia, extendida luego al Área Metropolitana de Buenos Aires, con estimaciones de precipitaciones que podrían superar los 180 milímetros. En este contexto, especialistas volvieron a advertir sobre la necesidad de una inversión estructural para enfrentar temporales cada vez más frecuentes y severos. El ingeniero hidráulico Claudio Velazco estimó que se requieren al menos 8.000 millones de dólares para un plan integral de obras en el Conurbano. El proyecto incluye la intervención de 1.400 kilómetros de cursos de agua, la construcción de 875 kilómetros de nuevos conductos, y el uso de más de 5 millones de metros cúbicos de hormigón armado. Velazco criticó la política del Gobierno de Milei respecto a la obra pública: “Milei cree que la obra debe ser privada, pero si encontramos a una empresa que quiera hacer un desagüe, sería ilógico. Ninguna empresa va a invertir en ese tipo de obra más que el Estado presente”. La gestión libertaria, además, desmanteló la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), donde se registraron más de 300 despidos y la paralización de tareas de mantenimiento claves para prevenir inundaciones. En total, hay al menos 17 obras hidráulicas claves paralizadas en la provincia, muchas de ellas financiadas a través del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, nutrido por el Impuesto a los Combustibles. Entre ellas, se destacan el saneamiento del Arroyo Salguero en Merlo y la optimización del cauce y embalses del Matanza-Riachuelo. “El monto parece alto, pero en una timba financiera para contener el dólar se puede derrochar esa suma en menos de tres meses”, advirtió Velazco. El temporal volvió a mostrar los límites de una infraestructura colapsada y puso en el centro del debate la necesidad de inversión pública frente al avance del ajuste.
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