En un contexto de crecientes tensiones, el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, anunció el despido “con justa causa” de empleados públicos que participaron en una protesta en la sede central del Registro de la Propiedad Automotor. La medida, comunicada oficialmente, acusa a los manifestantes, en su mayoría miembros de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), de “ocupación ilegal, interrupción del servicio y paralización de la actividad” en la institución. El conflicto se desató en mayo, cuando la administración libertaria aplicó severos recortes en el Registro, eliminando 120 registros seccionales, de los cuales 65 estaban en la provincia de Buenos Aires, y reorganizó el sistema para trámites clave como la emisión de la cédula azul. En respuesta, ATE inició una serie de paros y movilizaciones que ahora derivaron en esta drástica decisión del Ministerio. Según el comunicado, los empleados que “no se presenten a trabajar o participen en medidas no autorizadas expresamente por el Ministerio” también serán sancionados. Desde el gremio, el secretario general, Rodolfo Aguiar, calificó la medida como una “amenaza de extrema gravedad” y pidió evaluar un juicio político contra Cúneo Libarona. Aguiar adelantó que ATE continuará con las huelgas y movilizaciones. Además, confirmó la realización de un plenario federal esta semana, en el que se podría decidir un paro nacional que involucre a los trabajadores estatales de todo el país. La escalada en este conflicto laboral genera preocupación en diversos sectores, especialmente por el impacto que las medidas podrían tener en la prestación de servicios públicos esenciales. Mientras tanto, la tensión entre el Gobierno y el gremio sigue creciendo, con un desenlace aún incierto.
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