El fiscal general Mario Villar anunció que apelará ante la Corte Suprema de Justicia el fallo de la Cámara de Casación Penal que confirmó la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández en la causa Vialidad. El objetivo del recurso extraordinario federal es que la exmandataria sea condenada por el delito de asociación ilícita, lo que podría elevar la pena a un rango de 6 a 12 años de prisión. Según fuentes judiciales, la fiscalía considera que el fallo de la Cámara de Casación es arbitrario al repetir los argumentos del Tribunal Oral sin responder a las críticas formuladas previamente por el Ministerio Público Fiscal. Además, cuestionará las absoluciones de otros implicados en la causa, como el exministro de Planificación Julio De Vido y el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala. La decisión de la Casación confirmó la condena contra Fernández por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. También ratificó un embargo por $84.000 millones, equivalente al perjuicio económico que, según la Justicia, generó la maniobra investigada. El caso analiza el desvío de fondos de obra pública en la provincia de Santa Cruz, donde empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez habrían recibido contratos millonarios mediante procedimientos irregulares, muchos de los cuales no fueron ejecutados o quedaron inconclusos. La fiscalía busca que la Corte Suprema evalúe si corresponde aplicar la figura de asociación ilícita, descartada hasta ahora por los jueces debido a un impedimento técnico-procesal y a la falta de acreditación de una “pluralidad de planes delictivos” requerida por esta figura. Por su parte, la defensa de Cristina Fernández también recurrirá a la Corte Suprema para solicitar la revisión de su condena, lo que implica que los ministros del máximo tribunal deberán resolver ambas presentaciones en una etapa decisiva para el caso. El Ministerio Público tiene 20 días hábiles para formalizar su apelación. Este nuevo capítulo judicial mantiene a la causa Vialidad en el centro del escenario político y legal en Argentina, mientras se debate el alcance de las responsabilidades de los principales involucrados en lo que la Justicia calificó como una maniobra para beneficiar irregularmente a empresarios allegados al poder.
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