El expresidente Alberto Fernández fue citado a indagatoria por el juez Julián Ercolini en el marco de una investigación por “presuntos actos de corrupción relacionados con el polémico manejo de seguros durante su administración”. La audiencia está programada para el 20 de noviembre, en la que Fernández deberá responder ante la Justicia por las imputaciones de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. La causa, que comenzó a raíz de una auditoría realizada por la gestión de Javier Milei en la ANSES, revela una supuesta maniobra en la contratación de seguros a través del Banco Nación, en la que habrían intervenido intermediarios privados y brokers vinculados al entorno del exmandatario. Según el expediente, estas contrataciones “habrían beneficiado de manera irregular a ciertos intermediarios, quienes percibieron jugosas comisiones”. Además del expresidente, están imputados en la causa María Cantero, exsecretaria de Fernández; su esposo, Héctor Martínez Sosa, un broker cercano a Fernández; y Alberto Pagliano, exdirector de Nación Seguros. Según los documentos judiciales, todos ellos habrían participado de una estructura que buscaba beneficiar a intermediarios privados mediante el decreto 823/2021, firmado por Fernández, que obligaba a los organismos estatales a contratar exclusivamente con Nación Seguros. Este decreto, según los investigadores, habría impedido la posibilidad de licitaciones públicas, cerrando el proceso a una sola aseguradora y favoreciendo la participación de brokers para la intermediación. “Se investiga la posible existencia de una organización delictiva que habría operado en la contratación de seguros por parte de diversos entes estatales”, señalan algunas fuentes. También se examina por qué Nación Seguros, obligada por decreto a proveer seguros a organismos del Estado, tercerizaba el servicio con otras empresas. El caso suma tensión al panorama judicial y político argentino, ya que involucra a figuras clave de la administración pasada y pone en cuestión la transparencia en la gestión de recursos públicos destinados a la contratación de seguros oficiales. La investigación avanza con el objetivo de esclarecer el posible desvío de fondos públicos mediante contratos y comisiones que podrían haber perjudicado las arcas estatales.
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